El alcalde de El Ejido dirige el Ayuntamiento desde la prisión

  • Juan Enciso recibe en su celda la visita de funcionarios y cargos de su gobierno · El próximo 30 de diciembre puede quedar en libertad tras 71 días en El Acebuche

Hasta que un juez no determine lo contrario en forma de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, Juan Enciso, interno en el módulo 2 de respeto del centro penitenciario de El Acebuche, sigue siendo el alcalde del segundo pueblo con más población y renta per cápita de Almería después de la capital. La segunda manera sería que presentara su dimisión, extremo absolutamente descartado por quienes le conocen.

Sencillamente, lo único en que piensa Enciso es en volver a su despacho e intentar demostrar que las acusaciones de las que ha sido objeto (delitos de blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias y falsedad en documento mercantil) son una campaña orquestada para arrebatarle la Alcaldía, algo que ninguna elección, bajo ninguna sigla política, ha conseguido hacerlo hasta hoy.

La primera batalla la dará el próximo día 30. Por fin su abogado, Francisco Torres, uno de los mejores penalistas de Almería, ha conseguido que la jueza Monsterrat Peña lo reciba. Será una ampliación de las declaraciones prestadas en el momento de su detención el pasado 20 de octubre. Tres días después, una furgoneta hacía de coche oficial para trasladarlo a El Acebuche. Horas más tarde, la única coincidencia de los partidos mayoritarios: pedir su dimisión. Frente a ellos, el PAL y Enciso, por ahora van ganando.

Según ha podido conocer esta redacción de fuentes penitenciarias, el todavía alcalde ha recibido en su celda a buena parte de su equipo de Gobierno, encabezado por quien ocupa su puesto de manera accidental, Ignacio Berenguel (él mismo lo ha reconocido en repetidas ocasiones), y a otros políticos del Partido de Almería. De hecho, Berenguel trata con Enciso los asuntos que se tratarán en los plenos; llevan tres desde que se produjeran las veinte detenciones, incluidas las del alcalde y del interventor accidental junto con empresarios y sus respectivos familiares.

La alarma social que produjeron las mismas, aún aconseja el mantenimiento de los dictados de prisión incondicional que aún mantiene hasta en un total de siete casos. Pese a que después de producirse la puesta en libertad bajo fianza del empresario Ambrosio Cuevas, comenzaron los rumores sobre la posible puesta en libertad de al menos los familiares de los encausados (fuentes cercanas al caso aseguran que apenas actuaron como testaferros), ninguno de ellos ha cambiado su situación. Parece posible que cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Almería, Montserrat Peña consiga hacer efectiva la sustitución al frente de dicho organismo por parte del juez David Villagrá, pueda producirse alguna modificación a las mismas.

Por el momento, todo parece tan normal como eso: un alcalde con su despacho en un módulo carcelario y sin que nadie pueda tomar determinación alguna para evitarlo. Otra de las posibles vías, la intervención del Ayuntamiento y el nombramiento de una gestora que se haga cargo de la gestión del municipio, parece también descartado.

Tanto la Junta de Andalucía (quien ordenó la actuación en el Ayuntamiento de Marbella) como el Ministerio de Interior o de Administraciones Públicas que se han pronunciado desde que se produjeran los hechos, han descartado completamente esa posibilidad, ya que ha sido únicamente el alcalde quien ha sido detenido. Si más efectivos del equipo de Gobierno hubieran sido implicados en la trama Elsur, la actuación de dichas instituciones tendría que haber sido otra, encaminada de manera fundamental a garantizar la gobernabilidad del municipio y la gestión de sus fondos.

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