En la última comisión de Salud del Parlamento celebrada en esta legislatura, se abordó la relación entre el estado de salud de la población andaluza y determinados factores medioambientales, incluidos los socioeconómicos. En el calor del debate, la consejera de este departamento, María Jesús Montero proclamó, alzando los brazos: "Decir que la renta es un factor determinante para las posibilidades de enfermar o estar sano es el Catón de la salud pública". Ayer, el viceconsejero de Montero, Enrique González, asistió de primera mano a una oportuna confirmación de este aserto: las conclusiones del estudio Los andaluces frente a la salud y sus determinantes, un análisis estadístico elaborado por la Fundación Gaspar Casal y respaldado por la compañía farmacéutica Sanofi-Aventis, que fue presentado ayer como el primero de una serie que analizará la percepción ciudadana de la propia salud en las comunidades autónomas.

Según este estudio, "en España, la renta media de los que afirman disfrutar de muy buena salud es diez veces superior a la de los que dicen padecer muy mala salud". "En Andalucía -prosigue este análisis estadístico agrupado-, estas diferencias también son importantes y los que disfrutan de mejor salud tienen una renta nueve veces más elevada que la de los peor favorecidos por la salud".

Más allá del interés estadístico, esa información explica el papel de la política sanitaria como factor corrector, que en el fondo se remite a un debate ideológico: una gestión sanitaria consciente de la influencia de la renta tenderá a desarrollar políticas que nivelen las dificultades de acceso a los dispositivos asistenciales. Una gestión que no tenga en cuenta el desnivel inducido por las diferencias de renta en términos de salud tenderá a ofrecer a la población facilidades de acceso a las diversas opciones que ofrezca el mercado para la resolución individual de los problemas, básicamente con incentivos fiscales.