"Haré lo que tenga que hacer para que en Andalucía impere la legalidad, la igualdad y la justicia". La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ha dado un puñetazo sobre la mesa que, difícilmente, tiene marcha atrás si no quiere ser ella misma la abofeteada. El golpe fue un decreto por el que le quitaba a la Consejería de Fomento, dirigida por IU, las competencias de la adjudicación de viviendas de protección oficial, y abría una investigación interna para conocer si la entrega de llaves a ocupas desalojados de un edificio en Sevilla, la llamada Corrala Utopía, era legal.

Doce horas de reunión entre el PSOE e IU no sirvieron para encontrar una salida, la coalición de Gobierno sigue en peligro y tanto socialistas como la federación de izquierdas están dispuestos a romper el pacto si no alcanzan un punto común. Hoy, Viernes de Dolores, seguirán reunidos. "Haré lo que tenga que hacer…". Las palabras que la presidenta pronunció en el Parlamento aún resuenan. Todas las opciones están abiertas, incluso la posibilidad de que, rota la coalición, el Ejecutivo se quede sólo con los socialistas, lo que llevaría a la convocatoria de elecciones anticipadas en meses, en otoño.

"El asunto es complejo", admitió el consejero de la Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, a la salida de la maratoniana reunión. "Se mantiene la discrepancia", explicó el líder de IU en Andalucía, Antonio Maíllo. Para comprender el calado de esta crisis hay que considerar que quienes han entrado en conflicto no son dos consejeros, uno socialista y otro de IU, sino que es la propia presidenta con sus socios. No hay, por tanto, una figura, colocada jerárquicamente por encima de todos, que pudiera mediar. Lo que IU puso en duda fue la propia competencia de la presidenta para decidir qué hace su Gobierno, y Díaz pensaba que el reparto de llaves era una acción ilegal porque no se atenía al principio de igualdad entre los demandantes. Por lo tanto, era la propia presidenta quien se jugaba su credibilidad de hacer cumplir la ley, puesto que era en San Telmo desde donde se había advertido de la ilegalidad.

Ya el miércoles, el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, le escribió una carta a Díaz en la que le daba las razones de la ilegalidad: cada demandante está colocado en una lista por unos criterios de baremación, y esto no se podía saltar por una acción como la de la Corrala Utopía, donde había personas que incluso contaban con trabajo y hasta con vivienda disponible.

El comité de enlace entre PSOE e IU analizó caso por caso la situación de las 22 familias de la Corrala Utopía. Para que se aplicase el concepto de excepcionalidad, extremo que podría justificar la entrega de llaves para usar viviendas de modo transitorio, había que demostrar que cada una de ellas se encontraba en riesgo de exclusión social. En el registro municipal, sólo hay dos casos recogidos así. En la Corrala se alojaban familias y también personas sin hijos. Fomento dio 10 llaves en distintos pisos de la Junta en Sevilla, y para los otros 12 casos se ofreció a pagar alquileres privados. Todo, durante seis meses, el tiempo en que estarían disponibles unas viviendas en construcción de la Junta.

IU esgrimió un informe del Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, en el que se consideraba en riesgo a las 22 familias. Sin embargo, el problema reside en el decreto que la presidenta ha firmado. IU quiere que lo retire, pero se publicará en el BOJA si no se restablece la legalidad. Se trata de un pulso de IU con la jefa del Ejecutivo, dispuesta a llegar hasta el final. Díaz aprendió la lección del gobierno de coalición que mantuvo en Sevilla a Alfredo Sánchez Monteseirín con IU de socio. Las cesiones del alcalde socialista en materia social, especialmente las más radicales, terminaron por erosionar la imagen del regidor hasta el punto de que el PP ganó las elecciones siguientes por mayoría absoluta. Díaz no lo olvida.

El comité de enlace se reunió de modo urgente a las 9:30 en el Parlamento. La negociación duró hasta pasadas las 22:00, con sólo dos recesos: para asistir a la sesión de control y para almorzar. Todo parecía que iba a rodar con cierta normalidad: los miembros de IU y del PSOE compartieron aperitivo en el bar del Parlamento. Refrescos, cervezas y algún vermú. Nada hacía presagiar este desenlace, aunque Maíllo ya había dejado claro que IU no aceptaría que la presidenta publicase el decreto. Ni ella, al parecer, lo contrario.

El comité está compuesto por tres miembros de IU, y sus posiciones no son diferentes, pero sí hay matices. Diego Valderas, vicepresidente de la Junta, estaba por salvar el pacto mediante un acuerdo; Maíllo defendió con rotundidad la legalidad de la medida, y el portavoz parlamentario, José Antonio Castro, mantuvo una posición en alerta. Después del mediodía se sumó José Manuel Mariscal, secretario general del PCA, una persona en la que los socialistas confían por su poder para mantener lo que se acuerda. Maíllo estuvo el miércoles por la noche en la plaza Nueva de Sevilla con los vecinos que recibieron las llaves. Participó en esta fiesta improvisada, aunque él no fue quien dio las llaves que los okupas enseñaban a las cámaras como señal de victoria, sino un cargo de la Consejería de Fomento.

Por parte del PSOE, participaron en la reunión el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios; el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, y el número dos del PSOE andaluz, Juan Cornejo. La consejera de Fomento, Elena Cortés, el epicentro de la crisis, lleva toda la semana en Colombia y Panamá, donde ha participado en unas reuniones de Naciones Unidas sobre vivienda. Hoy llegará a Madrid.

Durante toda la tarde del miércoles, que fue el día de la detonación, la presidenta conminó a sus consejeros de IU a que no se entregasen las viviendas, pero, finalmente, se hizo. Los socios de izquierda, por boca de Maíllo, sostienen que no hay ilegalidad porque no se han entregado viviendas, sino que se ha "realojado" a varias familias que sufren una situación excepcional. Esto lo permite la ley antidesahucios de la Junta, pero el PSOE sostiene que tal condición no se da. Sí lo sería, por ejemplo, la pérdida de sus viviendas por una amenaza de derrumbe, pero no familias que han sido desalojadas porque ocupaban un edificio de modo ilegal.

Aunque la Consejería de Fomento y los propios ocupantes mantienen que hay 22 familias afectadas, lo cierto es que el día del desalojo había nueve, y de éstas, el Ayuntamiento de Sevilla mantiene que sólo dos están en riesgo de exclusión social. Uno de los demandantes ocupa el puesto 100 y el otro, el 122, según los datos municipales. Fomento entregó la tarde del miércoles 10 llaves, que los afectados estudian cómo se reparten. La corrala se convirtió en uno de los símbolos de la reacción contra los desahucios y del derecho a la vivienda; era, por tanto, una bandera política, mimada por IU, aunque controlada por un grupo de ideología anarquista. La que ha hecho de portavoz de Utopía, Irma Blanco, por ejemplo, tiene un contrato en el Ayuntamiento de Villaverde, gobernado por IU, pero se considera una persona en riesgo y que no podrá acceder a una vivienda cuando se le acabe el contrato.

El PSOE está en minoría en el Parlamento, necesita los votos para gobernar, pero también sabe que, en caso extremo, se podrían convocar unas elecciones anticipadas que ellos ganarían. "La pelota no la tenemos nosotros, la tiene IU", explicó a este diario uno de los miembros del comité de enlace. Si los socios de IU salían del Gobierno, el PSOE se quedarían tan en minoría en la Cámara que poseen menos diputados que el PP, de tal modo que los populares podrían tumbarle todo tipo de leyes y acuerdos con la abstención de IU. La situación se volvería insostenible desde el punto de vista legislativo, pero a Díaz le van bien las encuestas y la convocatoria de unas elecciones anticipadas podría traerle una victoria sobre el PP. Así, sí podría gobernar en minoría. Por eso, los socialistas iban tranquilos: blindados.