Andalucía

El concejal huido del caso Malaya prepara su vuelta a Marbella después de 11 años

  • Carlos Fernández ha intentado sin éxito que se declare la prescripción de los delitos

Carlos Fernández, en septiembre de 2005.

Carlos Fernández, en septiembre de 2005.

Carlos Fernández, el concejal andalucista de Marbella huido de la Justicia desde junio de 2006 cuando iba a ser detenido en el transcurso de la operación Malaya, trata desde su paradero desconocido de que se acredite la caducidad de los procedimientos judiciales que tiene abiertos en España. Figura destacada en la moción de censura que reunió a ediles andalucistas, socialistas y a parte del GIL afecto al fundador de aquella formación en la moción de censura que acabó con el Gobierno municipal de Julián Muñoz, tiene pendientes tres órdenes de detención por delitos que previsiblemente han prescrito, de ahí su interés porque se reconozca que se trata de hechos penalmente caducados. Ese reconocimiento le abriría las puertas para volver a España como un hombre libre.

La primera orden de detención la firmó el juez instructor del caso Malaya contra la corrupción político urbanística en Marbella el 29 de junio de 2006. El magistrado, de acuerdo con el auto de procesamiento por los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y fraude que firmó años después, acusó a Fernández de haber recibido 150.000 euros en sobornos de Juan Antonio Roca. Estos delitos prescribían 10 años después, o sea a finales de junio de 2016. Sin embargo, no eran las únicas causas pendientes. Además, pesaban contra él otras dos órdenes de detención dictadas en noviembre de 2006 y febrero de 2007 por prevaricación urbanística y coacciones. Además, tiene una condena de dos años de prisión por malversación.

Justo al transcurrir los 10 años en los que previsiblemente caducan los hechos que motivaron la última orden de detención, Fernández dio señales de vida por primera vez en 11 años. A través de un abogado y un procurador remitió a los juzgados de instrucción número 5 y número 3 de Marbella que instruyen las causas en las que está involucrado un escrito en el que reclamaba la declaración de oficio de la prescripción de los procedimientos y que se permitiera la personación de la defensa en las causas.

El juzgado que investigó el caso Malaya rechazó en abril de este año la solicitud, decisión que fue posteriormente apoyada por la Fiscalía y ahora ha sido confirmada por la Audiencia de Málaga. El tribunal entiende que Fernández está huido de la Justicia desde hace años, por lo que no tiene sentido que ahora pida la personación del abogado y el procurador en el procedimiento sin haberse él puesto a disposición del tribunal para ratificas ambos nombramientos.

En relación con la prescripción de la causa precisa la Audiencia que es el juzgado instructor el que debe pedir a la Fiscalía y al resto de las acusaciones que se pronuncien expresamente sobre la caducidad o no de los delitos que se le atribuyen.

La desaparición de Fernández justo cuando el juez instructor del caso Malaya, Miguel Ángel Torres, trataba de echarle el guante ha sido uno de los episodios más enigmáticos del caso Malaya. En el juicio por esta causa, la ex alcaldesa Marisol Yagüe afirmó que vivía a cuerpo de rey escondido en Argentina, una revelación que no tuvo más crédito que las previas que lo situaban en Marruecos o, incluso, en la misma Marbella.

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