El juzgado de Mercedes Alaya, que investiga el escándalo de los ERE fraudulentos, ha acordado el embargo de un piso, de un vehículo y de una cuenta bancaria del ex viceconsejero de Empleo Justo Mañas Alcón para hacer frente a la fianza civil de 7,2 millones que se le impuso en octubre del año pasado tras su imputación en la causa. 

En un decreto firmado por la secretaria del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, se da cuenta de que el ex viceconsejero ofreció en garantía de la fianza un bien inmueble, en este caso un piso en Sevilla, así como un Citroën Xsara Picasso y el saldo de una cuenta bancaria. 

Estos bienes, sin embargo, "no se estiman suficientes teniendo en cuenta las cantidades que se le exige", por lo que el juzgado ha acordado el embargo de los bienes designados y también ha decidido embargar telemáticamente los saldos bancarios que el imputado tenga en "todas las entidades" adheridas a la plataforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de las devoluciones pendientes de percibir de la Agencia Tributaria.

Además, el juzgado ha acordado en "ir en busca de más bienes inmuebles, por si los tuviere y resultare infructuoso este último para lo cual se procederá a la averiguación patrimonial integral de bienes mediante la aplicación informática del Punto Neutro Judicial (CGPJ)".

De otro lado, la juez Alaya ha decretado el sobreseimiento provisional de la causa respecto a dos imputadas de Vitalia, María Luisa Rodríguez Márquez, jefa del departamento de Administración, y su hermana Gemma Fátima Rodríguez, administrativa, después de que la Fiscalía Anticorrupción no se haya opuesto a la petición de archivo por considerar que "no queda suficientemente acreditada, atendiendo al estado actual de la instrucción, su dolosa participación y dominio de todos los hechos que les fueron imputados, sin perjuicio de las diligencias que se practiquen".

La juez ha rechazado, en cambio, la petición de archivo que realizó José Carlos González Torrent, administrador único de la empresa Ingotor (antigua filial de Uniter), y también respecto a Rocío Sayago Gómez, ex secretaria del que fuera director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero. Con respecto al primero, Alaya coincide  con la Fiscalía en que "de las actuaciones hasta la fecha practicadas no puede deducirse con claridad que el mismo no haya participado en los hechos investigados, cuando precisamente están pendiente aún de practicar diligencias encaminadas a comprobar la concreta actuación del imputado como administrador de Ingotor, siendo precipitado en este momento pronunciarse sobre este extremo".

La defensa de Rocío Sayago solicitó el sobreseimiento parcial por no ostentar la condición de funcionaria pública, pero Alaya entiende que "sí podría ostentar tal condición a efectos penales" de acuerdo con la jurisprudencia del Supremo por su "participación en funciones públicas", dado que "lo relevante es que la persona esté al servicio de entes públicos, con sometimiento de su actividad al control del derecho administrativo y ejerciendo una actuación propia de la Administración Público".