La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla contra la negativa de la juez Mercedes Alaya de dividir el caso de los ERE fraudulentos en piezas separadas y enviar la parte que afecta a los aforados al Tribunal Supremo. El Ministerio Público insiste en que con la elevación al Alto Tribunal se pretende, entre otros objetivos, abortar la posibilidad de que "personas presuntamente responsables de los hechos puedan quedar impunes por el mero transcurso del tiempo".

La Fiscalía, en un escrito presentado ayer en el juzgado, advierte que una vez recibido el informe pericial de la Intervención General del Estado sobre el procedimiento de las ayudas entiende que ha llegado el momento de la inhibición. "El estudio de la pericial de la Intervención General del Estado es precisamente lo que en nuestra opinión aporta los criterios básicos sin tener que demorar más la formación de las piezas, por entender que es posible minimizar notablemente los perjuicios que para la Justicia como valor de nuestro sistema constitucional conlleva la instrucción de hechos tan amplios y complejos".

El informe pericial de la Intervención General del Estado, continúa el fiscal, "proporciona elementos más que suficientes" para que se proceda a elevar la pieza que afecta a los aforados al órgano superior competente, "al ser posible individualizar la conducta concreta que respecto a las mismas pudiera ser constitutiva de delito y también contando con indicio o principio de prueba que pueda servir de apoyo a la imputación".

Anticorrupción insiste en que la causa está agotada respecto a la pieza de los aforados y considera que la práctica de las diligencias pendientes en esta pieza -entre ellas algunas interesadas por la propia Fiscalía como los requerimientos de documentación a los auditores de la agencia IDEA- "no aportarán hechos nuevos que puedan ser objeto de imputación, sino que vendrán a perfilar los mismos y a determinar aún más a sus autores y es precisamente esta razón la que nos lleva a no demorar más la petición de la elevación al tribunal competente, en aras no sólo de no causar quebranto de garantías en las personas imputadas sino para evitar que personas presuntamente responsables de los hechos puedan quedar impunes por el mero transcurso del tiempo".

En ese demoledor informe pericial, entregado en el juzgado en diciembre pasado, los peritos incluían un reproche fundamental por no haber adoptado medidas para evitar el fraude a tres ex consejeros de Economía y Hacienda, los que ocuparon el cargo en el período entre 2000 y 2009: la ex consejera Magdalena Álvarez, el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y la ex consejera Carmen Martínez Aguado.

La Fiscalía propuso a Alaya crear tres bloques de piezas: uno por cada uno de los expedientes de las ayudas; otro sobre las sobrecomisiones y un tercero sobre el "procedimiento específico" de concesión de las ayudas, en el que estarían incluidos los aforados.

La Fiscalía reitera que en el bloque relativo a los expedientes de ayudas habrá que hacer más de 200 piezas, pero la juez consideró que la causa era inescindible por la conexidad e interrelación de los hechos que se investigan.

Sobre la posibilidad de pronunciamientos contradictorios, el fiscal señala que "sin negar categóricamente que se pudieran llegar a producir", entiende que entre los tres bloques que se proponen "no sería relevante tal contradicción ni tampoco que se diera tal contradicción en el primer bloque si éste responde a los hechos objeto de enjuiciamiento". El fiscal añade que si de forma hipotética se produjesen pronunciamientos "absolutorios o de sobreseimiento en la pretendida pieza de procedimiento específico , este fallo no entraría en contradicción con otros hipotéticos fallos condenatorios en otras piezas en las cuales se pusiera de manifiesto la apropiación de fondos públicos mediante la utilización del procedimiento específico". Como ejemplo cita a los denominados intrusos o bien el pago de comisiones a los conseguidores a través del mecanismo de las sobrecomisiones.

"La preocupación de esta Fiscalía es precisamente conseguir que estos pronunciamientos se puedan dar en fase de enjuiciamiento evitando la impunidad de conductas y que se pueda recuperar en sentencia los fondos presuntamente malversados, no sólo acudiendo al patrimonio de los concedentes sino también al de los perceptores de los mismos, en su caso", concluye Anticorrupción.