Tecnología

Las empresas ultiman la adaptación a la protección de datos

  • El viernes 25 entra en vigor un nuevo reglamento que permite a los ciudadanos un mayor control público sobre su identidad

En el último mes le habrán llegado todo tipo de cartas y avisos de su banco, de la compañía de teléfono, de la luz, de proveedores y hasta de Spotify en el que le solicitan que pinche en un determinado enlace sobre la actualización en la política de privacidad. Se debe a que este viernes 25 de mayo entra en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, cuyo objetivo es que los ciudadanos estén más protegidos. Este reglamento como tal se aprobó en 2016 pero ha habido un periodo de adaptación y las empresas, entre ellas muchas malagueñas, están ultimando todo el proceso.

Los ciudadanos tienen a partir de ahora cinco derechos básicos. El primero es el derecho a conocer para qué se utilizan sus datos personales, es decir, quién los tiene, para qué los quiere, a quién se lo pueden ceder y quiénes son sus destinatarios reales. Esto no es baladí teniendo en cuenta la frecuencia con la que cualquier usuario compra un determinado producto y, por ejemplo, le empiezan a llamar a su teléfono móvil otra serie de compañías con las que nunca ha tenido relación comercial alguna para venderle productos o servicios. El ciudadano también debe poder saber el plazo de conservación de sus datos, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos y puede saber cómo se elaboran perfiles de forma automatizada.

El segundo gran derecho es que el ciudadano podrá solicitar que se suspenda el tratamiento de sus datos o que los conserve en caso de que sean necesarios para cualquier reclamación. El tercer derecho es a que se rectifiquen los datos personales cuando sean inexactos o cuando estén incompletos. En cuarto lugar, el consumidor tiene derecho a que se eliminen sus datos porque tengan un tratamiento ilícito, por la desaparición de la finalidad que motivó el tratamiento, si se revoca el consentimiento o si se opone a que se traten los datos. Por último, el quinto derecho que ganan los usuarios es poder oponerse al tratamiento de sus datos por motivos personales –salvo que quien trata los datos acredite un interés legítimo– o cuando el objetivo es el marketing directo.

Las empresas e instituciones han tenido dos años para adaptarse a la normativa, pero el grado de incumplimiento es aún alto. Un informe de la patronal CEOE asegura que, en estos momentos, están completamente adaptadas o “en gran medida” el 54% de las empresas españolas. El porcentaje es bajo pero, si se compara con el resto de Europa, se está a la cabeza pues solo Reino Unido la supera con el 55%. Por detrás están Holanda, Alemania (51%), Italia (48%) o Francia (32%). Natalia Sánchez, vicepresidenta de la Confederación de Empresarios de Málaga, asegura que “a nivel provincial no tenemos datos objetivos, pero creo que el porcentaje nacional podría ser extrapolable”. “Hay interés por parte de nuestras empresas en estar al día y adaptarse al cumplimiento y para ello se están adoptando medidas tanto desde la perspectiva jurídica como la tecnológica, vinculada con la ciberseguridad. Quizás para el día 25 todas no estén al día pero habrá que seguir insistiendo para conseguirlo lo antes posible”, añade esta directiva de la patronal malagueña.

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