Esta no es una sequía cualquiera. A la falta de lluvia le acompaña la sobreexplotación de las masas de agua subterráneas y la paralización de trasvases como el Negratín. La situación de los recurso hídricos, si no dramática, es más que preocupante en la provincia de Almería cuenta con 30.000 hectáreas de cultivos bajo plástico, a las que hay que sumar otras tantas entre cítricos, frutales y cultivos al aire libre. Un paraíso en peligro de extinción desde hace demasiados años, pues Almería padece un déficit hídrico histórico, que se suma a la pertinaz sequía que padece el sudeste de la península desde hace más de dos años, con la falta de lluvias, la escasez de agua procedente de los trasvases, cada vez más restringidos, la carestía de desaladoras, cuyo precio del agua continúa desorbitado, y la insuficiencia de alternativas que puedan paliar, aunque sea en parte, la situación, como son la reutilización de aguas residuales, una opción aún con muy poca implantación en la provincia.

A ello se une la sobreexplotación del acuífero, cada vez más mermado, lo que redunda en una peor calidad del agua de riego y va en detrimento de la sostenibilidad de los recursos y del medio ambiente.

Piden a las fuerzas políticas el inicio de un diálogo urgente para evitar el desastre

En el último año, se han multiplicado las reivindicaciones en búsqueda de soluciones por parte de la Mesa del Agua, constituida a finales de octubre de 2016, que preside el máximo responsable de la Federación de Regantes de Almería (Feral), José Antonio Fernández, y está formada por las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA, las asociaciones de comercializadoras hortofrutícolas y empresarios de Asempal; la Federación de Regantes de Almería; así como la Asociación de Regantes de Andalucía (Areda), Regantes de Almería (Rega), Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora, la Comunidad de Usuarios de la Comarca de Níjar, Aguas del Almanzora, la Junta Central de Usuarios del Poniente Almeriense, la Junta Central de Usuarios de Adra y el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Almería.

Una de las acciones más significativas que han llevado a cabo ha sido la manifestación que tuvo lugar el pasado 16 de octubre en Villaricos, en la que participaron miles de personas para exigir garantías de agua a un precio justo y reivindicar al Gobierno la reparación de la desaladora construida por Acuamed y ubicada en este municipio, fuera de uso desde 2012 a consecuencia de los daños sufridos por la riada de aquel año.

Durante su intervención en la manifestación, los regantes lanzaron duras críticas a los parlamentarios que representan a la provincia almeriense en Madrid y Sevilla, una situación que han calificado como "déficit polhídrico". José Antonio Fernández instó a las fuerzas políticas a que inicien urgentemente el diálogo conjunto y defiendan ante el Gobierno y ante la Junta de Andalucía una postura común en torno al agua que esté alineada con las propuestas de los regantes, con el objetivo de garantizar a corto plazo las necesidades hídricas del sector agroalimentario almeriense. "Desde mañana mismo, los parlamentarios almerienses tienen que exigir a sus jefes políticos una solución urgente a la falta de agua en el Almanzora, y si no lo consiguen es mejor que dejen de representar a esta provincia y se marchen a su casa", manifestó, entre aplausos, el presidente de la Junta Central de Usuarios del Almanzora, Fernando Rubio. En este sentido, la Mesa del Agua ha defendido hoy la necesidad de establecer con urgencia un 'mix hídrico' que combine los recursos procedentes de trasvases, desalación y reutilización.

"Basta ya de políticos que nos cuestan un millón de euros al año y que no atienden los problemas del agua, la materia prima de la que depende el principal sector económico de la provincia", recordó José Antonio Fernández, portavoz de la Mesa del Agua de Almería, quien ha explicado que "el problema de los políticos, de todos en general, es que no toman conciencia de la gravedad real a la que se enfrentan importantes zonas de producción debido a la falta de agua, solo se acuerdan de la agricultura cuando necesitan nuestros votos". El presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS) remarcó en su intervención que "la peor sequía es la sequía de las ideas y de las infraestructuras", según Lucas Jiménez, quien ha reivindicado "agua para Almería, de donde sea, cuanto antes y a un precio justo".

Para la Mesa del Agua, las actuaciones prioritarias en materia de agua para la provincia de Almería: finalización de la 'Autovía del Agua', reutilización de aguas depuradas, ampliación de la desaladora de Carboneras, recuperación de la desaladora de Rambla Morales, construcción de una desalobradora en la Balsa del Sapo, ampliación de la desaladora de Balerma, regularización de los derechos de riego, plan de consolidación de riegos y puesta en marcha de juntas centrales de usuarios en las masas de agua sobreexplotadas. "Pedimos a las administraciones lo que nos deben, lo que es nuestro", manifestó en Villaricos el presidente de Asempal, José Cano.

Javier Serrano, presidente de Aguas del Almanzora (sociedad que gestiona el Trasvase Negratín-Almanzora), destacó en su intervención la necesidad de construir una nueva desaladora en la comarca. "Los regantes ya tenemos redactado el proyecto para una planta capaz de producir 30 Hm3 anuales, lo que necesitamos ahora es el compromiso firme de la Junta de Andalucía para cofinanciar cuanto antes las obras en las que estamos dispuestos a contribuir con hasta el 40% de su valor".

Serrano explicó a los cerca de 5.000 asistentes que la negativa del Gobierno a autorizar nuevos trasvases obliga en estos momentos a apostar por la desalación. Sin embargo, el elevado precio del agua desalada "restará competitividad a la agricultura almeriense si no se abarata, algo que puede conseguirse mediante la implantación de las energías renovables en los procesos de desalación", ha asegurado. Actualmente, el 49% del precio del agua desalada corresponde al coste eléctrico, de ahí el interés de los regantes por implantar en la agricultura almeriense un nuevo modelo energético que además contribuya a reducir las emisiones de CO2 imputables a la actividad agraria.