La Audiencia Nacional avala los indicios para juzgar a Díaz Ferrán por vaciar Marsans

  • La sala de lo penal rechaza el recurso interpuesto por el ex presidente de la CEOE. La Fiscalía pide para él 15 años de prisión.

La Audiencia Nacional ha avalado los indicios para juzgar al ex presidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán por el vaciamiento patrimonial de Marsans, hechos por los que la Fiscalía ha reclamado para él 15 años de prisión. En un auto, la sección segunda de la sala de lo penal de este tribunal rechaza el recurso que el ex dueño de Marsans interpuso contra el auto en el que el pasado diciembre el juez Eloy Velasco daba el primer paso para juzgarle junto a otras diez personas. Díaz Ferrán alegaba en su escrito que el magistrado había vulnerado su derecho al juez predeterminado por ley, ya que lo había recusado; a la tutela judicial efectiva por no permitirle el acceso a las actuaciones por un periodo de tiempo, lo que le generó "indefensión", y que aún quedaban diligencias pendientes, como comisiones rogatorias remitidas a México y Panamá. 

Velasco rechazó ese recurso al recordarle que México ya contestó a su comisión rogatoria y que el resultado de la remitida a Panamá resultaba "innecesario para constatar indicios de criminalidad respecto de los imputados al existir material indiciario más que suficiente" en la causa. "Esperar a que dichas peticiones de auxilio internacional fueran totalmente contestadas, lo que podría exigir un plazo de tiempo extenso, sería incompatible con el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas y con la situación de prisión en la que se encuentran tres imputados", entre ellos el propio Díaz Ferrán, decía Velasco. 

La sala recoge ahora ese criterio para subrayar que las diligencias que dice que no han sido practicadas "en poco o nada afectan a la concreción de los aspectos nucleares de la imputación criminal" y recuerda que pueden incorporarse a la causa en un momento procesal posterior Asimismo, subraya que la decisión de Velasco es "plenamente" ajustada a derecho, "ya que atiende principalmente a la necesidad de llevar una investigación pronta y eficaz, sin dilaciones innecesarias", sobre todo cuando tres de los imputados se encuentran en la cárcel. Además, la sala señala que el ex presidente de la CEOE no "especifica de qué manera" se ha visto perjudicado para alegar indefensión y añaden por último que la recusación que planteó ya quedó resuelta en su momento, cuando fue rechazada. 

El instructor acusaba a Díaz Ferrán de cobrar 1,06 millones de mano del empresario valenciano de Ángel de Cabo -también en prisión desde diciembre de 2012- gracias al vaciamiento de Marsans y acusaba a ambos de pertenencia a organización criminal, insolvencia punible y blanqueo de capitales. Velasco atribuye los mismos delitos al hijo de Díaz Ferrán, Gerardo Díaz Santamaría; a la mano derecha de De Cabo, Iván Losada -el último de los imputados en la cárcel-; su mujer, Consuelo Garrido; su cuñado, Teodoro Garrido y su secretaria, Susana Mora; los supuestos testaferros Antonio García Escribano y Enrique Pardo Manrique; al financiero Carmelo Estélles, y a Rafael Tormo. 

Según el juez, Díaz Ferrán y su socio Gonzalo Pascual eran propietarios del holding empresarial formado por Viajes Marsans, Hotetur, Air Comet, Trapsa y otras, las cuales comenzaron a partir de 2009 a "mostrar dificultades financieras", lo que les obligó a "afianzar" las deudas del grupo con su patrimonio, que era a su vez "poseído a través de distintas sociedades". Dado que la declaración de concurso era "inevitable", ambos decidieron iniciar un proceso de enajenación de las compañías y bienes y sociedades patrimoniales con el fin de "de excluir de dichos procedimientos concursales los activos". 

Para ello, "se concertaron" con De Cabo, quien venía dedicándose "al vaciado de compañías en situación de concurso o abocadas a él en perjuicio de sus acreedores", y cerraron un acuerdo por el que recibirían mensualmente de éste 100.000 euros cada uno hasta alcanzar los ocho millones. Por tales conceptos, dice el juez, Díaz Ferrán cobró hasta octubre de 2012 1.016.000 euros y Pascual, que falleció en junio de ese año, 986.454,89 euros.

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