El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) advirtió ayer en un informe que ha detectado "deficiencias" en la preparación de los planes de resolución de la Junta Única de Resolución (JUR), el organismo que ordenó resolver el Banco Popular. No obstante, el caso de la entidad española tuvo lugar el pasado mes de junio y el estudio sólo analiza los planes de resolución preparados por la JUR hasta finales de enero.

En el informe, los auditores constatan deficiencias en los trabajos preparatorios de todos los mecanismos de resolución que pueden ser necesarios. Así, pese a haber trabajado "duramente" durante mucho tiempo para garantizar la presencia de, al menos, las versiones preliminares de los planes de resolución de la mayoría de los más de cien bancos bajo su competencia, los adoptados hasta la fecha por la JUR no cumplen las normas previstas del código normativo único, recalca el TCE.

El organismo atribuye las insuficiencias a la reciente creación de la JUR, establecida en 2015, así como a la gran dimensión de la tarea encomendada y a la falta de personal.

Los auditores instan a la JUR a definir "en primer lugar" cuándo ha de elaborar el primer plan de resolución plenamente conforme con el código normativo único para cada banco, y aplicar un orden de prioridad según el riesgo de inviabilidad. Agregan que cada plan tendría que abordar la "resolubilidad" de la entidad afectada, la definición de los obstáculos "importantes", y la factibilidad y credibilidad de las estrategias de resolución elegidas.

Además, con el fin de garantizar que el sector bancario cuente con capacidad suficiente de absorción de pérdidas, recomiendan a la JUR completar un sistema de normas y orientaciones para la planificación de la resolución, incluida una política para establecer los requisitos mínimos de fondos propios y pasivos admisibles de los fondos.

Cardiff afirmó ante la prensa que en la actualidad la JUR no puede proponer breves moratorias sobre la retirada de dinero de los bancos durante una resolución y consideró que ése es uno de los instrumentos que debería estar "potencialmente" disponible para resolver entidades.

Según los auditores, los retrasos en la contratación han afectado negativamente a todos los ámbitos de actividad de la JUR, por lo que piden acelerar la entrada de personal. Añaden, además, que aún no se ha aclarado el reparto de competencias entre las autoridades nacionales de resolución y la JUR.

En un comunicado, la JUR dio la bienvenida al informe, destacó su cooperación "armoniosa" con el TCE, subrayó que respeta el marco legal y añadió que pretende tener planes de resolución completos para todos sus bancos en 2020. La función de la JUR es decidir cómo proceder a nivel europeo cuando alguno de los bancos de los 18 países del euro está en quiebra o en vías de quebrar, con el fin de evitar que la caída afecte a la economía y a los contribuyentes.