La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará el 22 de abril un decreto "para la eliminación y reducción de trabas administrativas" y se ha comprometido ante los empresarios a que no aumentará la presión fiscal tras haber cumplido el objetivo de déficit. Díaz, que ha intervenido en Málaga en la presentación del Programa de Impulso a la Construcción Sostenible organizado por la patronal andaluza, ha subrayado en su alocución que "la seguridad jurídica no se obtiene con más normas y trabas que carguen de burocracia la actividad económica, sino cumpliendo las que existen". 

"Es el momento oportuno para eliminar parte de los trámites innecesarios que lastran la recuperación económica y dificultan el cumplimiento de las normas por los que de buena fe quieren hacerlo", ha insistido la presidenta de la Junta, que no ha hecho declaraciones a los periodistas tras el acto. Se ha mostrado de acuerdo con los empresarios en que "los planes urbanísticos no pueden durar tantos años", porque "cuando una regulación tarda entre ocho y diez años se da juego al intrusismo y a las malas prácticas, y si se acorta la tramitación se ganará en seguridad jurídica". 

Por otra parte, ha asegurado que el hecho de que Andalucía haya sido "una comunidad cumplidora" con el objetivo de déficit, aunque ella no lo comparte, permite proyectarla como una autonomía que "traslada seguridad y que ha ayudado al conjunto de España a ofrecer una cifra importante en el objetivo de déficit". Ha resaltado su "compromiso" de que en Andalucía "no se va a aumentar la presión fiscal ni habrá nuevos tipos impositivos", y ha pedido al Gobierno central "seriedad" para que "todos estén obligados a mantener el cumplimiento del objetivo de déficit y se rija a todos con la misma vara de medir". Considera "fundamental" que Andalucía cree empleo "por encima de la media de España", y para eso se debe "reactivar la construcción sostenible aprendiendo de los errores del pasado que no se deben repetir". 

Para Díaz, la comunidad tiene "la oportunidad de repensar muchas cosas", como la opción de "rehabilitar el parque turístico", consciente de que "a mayor calidad se aumentan el rendimiento económico y los beneficios y se genera más empleo". Ha expresado su confianza en que las medidas adoptadas y las que se pondrán en marcha permitan llegar a un peso de la construcción en el PIB andaluz "no del 15 por ciento (como antes de la crisis), que no sería incluso bueno ya para la economía andaluza, pero tampoco estar en el 5 o 6 por ciento como ahora, que está lastrando la creación de empleo". También espera que el hecho de que "la cofinanciación de programas europeos no compute en los objetivos de déficit permita que los gobiernos con interés en dinamizar la obra pública", como el andaluz, "tengan capacidad para ello". 

Por su parte, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Javier González de Lara, ha transmitido a Díaz la "preocupación" por la disminución de la inversión en infraestructuras por el ajuste fiscal y ha recordado que "la obra pública no es un gasto, sino una inversión que aporta competitividad". Asimismo, le ha reclamado "la liquidación de las deudas pendientes" y que se establezca "un procedimiento para que no haya nuevos retrasos", un "saneamiento real con el sector privado" y la "simplificación de la completa y farragosa regulación urbanística y de ordenación del territorio" para "evitar que la tramitación de proyectos se convierta en una carrera de obstáculos".