Uber no es una plataforma digital, sino una empresa de transportes. Así lo dictaminó ayer el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) al fallar que el servicio que prestó Uber en Barcelona entre abril y diciembre de 2014 llamado UberPop y que ofrecía trayectos en coches de particulares, era propio de una empresa de transporte y no de mediación digital por lo que se le debería exigir licencias.

El fallo es trascendente en tanto marca lo que no se puede hacer, pero no tendrá apenas efecto real sobre el servicio que Uber presta ahora, o su competidora Cabify. Esto es porque la multinacional estadounidense Uber eliminó su servicio UberPop ante las medidas cautelares que impusó un juzgado de Barcelona y en marzo de 2016 lanzó el servicio UberX, con otro modelo de negocio en España basado en intermediar vehículos con licencias legales VTC o de alquiler con conductor. El mismo que usa Cabify desdes su fundación.

La sentencia se refiere a UberPop, el servicio cancelado con coches de particulares

La sentencia del TJUE asiste a la demanda de la asociación Elite Taxi Barcelona, que litigó contra Uber en un juzgado de la Ciudad Condal y que procesalmente llegó hasta la corte de Luxemburgo.

El gremio de taxistas en toda España interpreta este dictamen como un triunfo en su vigente lucha contra la expansión de las empresas que intermedian con vehículos de alquiler con conductor (VTC) y usuarios, como Uber o Cabify.

Los taxistas españoles opinan que la sentencia sentará un precedente y que estas multinacionales (Uber o Cabify) pasarán a ser reguladas tarde o temprano de igual manera que el taxi como medio de transporte urbano.

Por el momento, ésa no es la postura del Gobierno. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, explicó ayer sobre esta cuestión que "aparentemente" la sentencia "no tiene ningún tipo de influencia" en la actual regulación española en esta materia.

De la Serna resaltó que la sentencia "habla de la situación de UberPop" y aclaró que para la actual actividad de VTC se necesita una licencia "que en la ley española ya está regulada y que son entregadas por las comunidades autónomas". Las licencias de taxis, en cambio, las otorgan los ayuntamientos.

El titular de Fomento declaró que Uber "en estos momentos, en lo que se refiere a la regulación en España, está cumpliendo con la sentencia que se dice" y agergó que no espera que haya "incidencia alguna" en el marco normativo actual tras su publicación.

De la Serna también recordó que el transporte urbano está "perfectamente regulado" en España, de forma que un VTC "necesita una licencia para poder circular", autorizaciones que son concedidas por las comunidades autónomas a partir de una ley desarrollada en 2015, que limita a una licencia de VTC por cada 30 concedidas para el taxi.

También Cabify expuso su postura y recordó que desde su fundación en Madrid en 2011 su modelo de negocio "es y ha sido siempre 100% legal", y que "no está relacionada en absoluto" con la sentencia del TJUE.

El portavoz de Uber España, Yury Fernández Castillo, ratificó la idea expresada ya por el ministro, al afirmar que la sentencia no tiene ya "ninguna implicación práctica" porque el modelo de negocio de su empresa varió en 2016. También ofreció colaboración al Gobierno para regular el servicio basándose en "el interés general".

Unauto VTC, la mayor organización representativa del sector del alquiler de vehículos con conductor en España, también sostiene que la sentencia no cambia "absolutamente nada" en la operativa que actualmente desarrollan estas empresas en nuestros país.

Su presidente, Eduardo Martín, explicó ayer a Efe que el texto se refiere al servicio UberPop, que operaba con conductores no profesionales y que está cerrado desde hace tres años y por el que la multinacional estadounidense pidió perdón en su momento.

La visión de Fedetaxi, la asociación mayoritaria en el gremio, es completamente distinta y exigió que, en virtud del fallo, la Comunidad de Madrid y a la Generalitat de Cataluña inspeccionen, y en su caso sancionen, los servicios realizados por Uber desde el año 2014. Según Fedetaxi, Uber podría tener que afrontar sanciones en España por más de 5.000 millones de euros.

La Asociación Nacional del Taxi (Antaxi), por su parte, considera que la sentencia es un "punto de inflexión que va a desencadenar una nueva visión" de los tribunales españoles en las demandas interpuestas por el colectivo de taxistas, que aún están pendientes de resolución.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, felicitó ater al sector del taxi por la sentencia y se mostró favorable a que "todo el mundo cumpla con las mismas reglas y pague impuestos".