El tiempo de la razón

  • Algunas empresas se deslocalizan de Cataluña para no quedar salpicadas por el conflicto

  • Una hipotética república catalana tendría dificultades para financiarse desde su nacimiento

Las cavas de Freixenet Las cavas de Freixenet

Las cavas de Freixenet / Efe

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La razón comienza a hacerse visible tras el desbordamiento de las emociones en el entorno del 1-O. Una parte del tejido social catalán que hasta ahora había permanecido en silencio comienza a reaccionar de manera racional para intentar salir lo más indemne posible de la tempestad, eligiendo la que consideran como la mejor opción de futuro para sus intereses. Entre ellas, como era de esperar, un conjunto de empresas con dificultades de supervivencia en contextos de incertidumbre, que han decidido anticiparse a cualquier eventualidad y deslocalizarse para evitar verse salpicadas por el conflicto político. Incluso aquellas cuyo ámbito natural de actuación es Cataluña y, por lo tanto, nunca van a deslocalizarse, han de lidiar con situaciones tan engorrosas como la provocada por la Generalitat al comenzar a reclamar para su Agencia Tributaria el ingreso de las retenciones por IRPF y otros impuestos.

La gravedad de la situación la señalaba Standard & Poor's al apuntar la posibilidad de rebajar uno o más puntos el ya deteriorado rating de bono basura en el que se encuentra la deuda emitida por la Generalitat si mantiene el reto independentista. No existe nada de emotivo en esta valoración, tan sólo la perspectiva, absolutamente racional, de que el riesgo de impago de la deuda catalana aumentaría significativamente si deja de contar con el respaldo del Estado español, hasta el punto de convertirse en la opción más probable. La trascendencia del tema queda reflejada en el informe que la agencia acaba de presentar sobre la situación de la economía española, en el que decide aplazar la revisión de nuestra calificación crediticia hasta que se despejen las incertidumbres sobre el futuro de Cataluña. De lo que no queda ninguna duda es que la hipotética república catalana resultante de la culminación del procés tendría tantas dificultades para financiarse que bien podría pronosticarse su inviabilidad financiera desde el mismo momento de su nacimiento.

Por si lo anterior no fuera suficiente, el Banco Central Europeo ha decidido dejar fuera de su programa de compras de activos financieros los bonos catalanes debido, precisamente, a su calificación como bono basura. Con ello, Cataluña queda como la única comunidad autónoma cuya deuda queda excluida de un programa de contrastada eficacia para estimular el crecimiento y el empleo en economías con problemas. De hecho, no son pocos los economistas que consideran que la fortaleza de la recuperación de la economía española desde 2013 no se debe tanto a las reformas estructurales del gobierno de Rajoy, como al cambio de rumbo en la política monetaria del BCE tras verano de 2012.

El inicio del retorno de la razón al debate político sobre Cataluña no implica en modo alguno el desplazamiento de las emociones. De hecho, en la decisión de cambio de sede social de los dos grandes bancos catalanes existe un trasfondo icónico de extraordinaria dimensión política, no tanto por sus implicaciones económicas como por su impacto emocional. Un caso especial es el de las empresas que eligieron Cataluña como plataforma de acceso a los mercados europeos y, sobre todo, al español. Conviene recordar que Cataluña mantiene un saldo comercial negativo con el exterior (12.683 millones de euros en 2016), pero positivo con el resto de España. Según Ceprede, el más alto de todas las autonomías con 17.900 millones de euros en 2016, seguida por Andalucía con 8.000 millones. Las empresas catalanas venden más en Aragón que en Francia y en Madrid que en el Reino Unido, por lo que resulta de lo más racional que si del proceso independentista pueden derivarse obstáculos para el acceso a sus principales mercados, muchas de ellas se planteen cambiar de residencia.

Pero el dominio de las emociones no sólo está en el terreno independentista. También entre el resto de los catalanes y, sobre todo, en el resto de España, donde el sentimiento anticatalán amenaza con alcanzar en tan sólo unas semanas el nivel de la hispanofobia en Cataluña, en la que tantos años llevan trabajando algunas de sus autoridades. Las principales víctimas de todos ellos son los propios catalanes no secesionistas, que no solamente se sienten amenazados por sus conciudadanos, sino también objeto indirecto de la fobia irracional contra todo a lo que suene a catalán en el resto del país.

El aparente éxito de la campaña de boicot a los productos catalanes da testimonio de ello. Imagino que aparecer en alguna de las listas de empresas catalanas que circulan por las redes sociales debe ser un drama para algunas de ellas, sobre todo si son ajenos e incluso abiertamente contrarios al proceso independentista y si sus productos son de gran consumo y fácilmente sustituibles. Es el caso, por ejemplo, de Freixenet, cuyo presidente, Josep Lluís Bonet, también presidente de la Cámara de Comercio de España, se encuentra permanentemente sometido al acoso represivo del independentismo por defender la españolidad de Cataluña, pero cuyos productos aparecen, sin embargo, en algunas de las listas puestas en circulación por los animadores al boicot. Y no es el único.

Podemos estar de acuerdo con que no caben las equidistancias en este conflicto, como tantas veces se repite, y que los responsables últimos del boicot a los productos catalanes son los propios independentistas, pero reaccionar adoptando comportamientos xenófobos similares significa caer en un nivel parecido de vileza. La campaña a favor del boicot surge como un proceso sobrevenido a raíz de las mentiras y las reiteradas muestras de desprecio hacia todo lo español en la doctrina independentista y puede justificar plenamente el rechazo de los consumidores a determinadas marcas y productos, pero confundir esto con algo parecido a un boicot a Cataluña sería tan injusto como irracional.

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