España entró de lleno en la recesión en 2009, año que será recordado como el peor de la economía en décadas por la masiva pérdida de puestos de trabajo y por la falta de crédito a familias y pymes. Aunque puede que la salida de la recesión haya comenzado ya -así lo creen numerosos analistas, que prevén que el PIB vuelva a crecer entre octubre y diciembre-, la crisis deja una economía mucho más débil y unas cuentas públicas afectadas por un elevado déficit.

Además, la grave situación económica ha vuelto a copar buena parte del debate político e hizo que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, remodelase en abril el Ejecutivo para imprimir un "cambio de ritmo", y sustituyera al responsable de Economía, Pedro Solbes, por la hasta entonces ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado. Solbes, el ministro más reconocido en Europa, pagaba así el coste político de esta crisis, mientras Zapatero ponía en su lugar a una de sus más estrechas colaboradoras, que había hecho grandes méritos gestionando el Fondo Estatal de Inversión Local.

El recrudecimiento de la crisis hizo necesario aumentar las medidas de estímulo, en un año en el que no han dejado de caer el consumo y la inversión. El Gobierno puso en marcha nuevas acciones, aunque sólo dos han tenido unos resultados claros. Especialmente positivos han sido los efectos del Plan 2000E de ayudas a la compra de automóviles, aprobado en mayo y que ha permitido salvar uno de los sectores más amenazados por la caída del consumo.

Las cifras son también rotundas sobre el Fondo Estatal de Inversión Local, aprobado en 2008 pero desarrollado a lo largo de este año, y que aunque criticado por sus efectos efímeros, ha permitido dar trabajo a 424.678 personas según los últimos datos oficiales. Aparte de estas dos acciones, persisten las dudas sobre otras, como las destinadas a impulsar el acceso al crédito para las empresas y las familias, con toda clase de líneas de préstamos abiertas en el Instituto de Crédito Oficial (ICO). Muchas de estas líneas no han cumplido los objetivos y el crédito ha seguido siendo muy restringido porque la banca, pese al apoyo público recibido, no ha respondido.

La crisis ha creado otro problema importante que no han evitado las medidas de estímulo: el de aumentar la dotación para la protección social. Así, además de tener que ampliar en más de una ocasión las partidas para pagar las prestaciones por desempleo, el Gobierno aprobó en agosto una ayuda mensual de 420 euros para los parados que se habían quedado sin cobertura. Ya fuera para estimular la economía o para garantizar la protección social, España ha hecho el mayor esfuerzo fiscal de la UE, aunque eso también tiene sus consecuencias negativas.

Y es que la crisis ha dejado tiritando las arcas públicas, con un déficit que, como poco, rozará al cierre del año el 10% del PIB. El Gobierno se ha propuesto reducir cuanto antes este lastre que provoca a su vez un aumento de la deuda, y por eso tomó en septiembre su decisión más impopular del año: subir los impuestos. Con la subida del IVA -que entra en vigor en junio de 2010-, la eliminación de la deducción de los 400 euros, excepto a las rentas más bajas, y el alza de la tributación del capital, el Gobierno espera compensar la caída de ingresos y confía en que la retirada paulatina de las medidas de estímulo hará reducir el déficit. Toda la oposición rechazó la subida impositiva, y así se reflejó en el debate de los Presupuestos, que el Gobierno salvó en el Congreso por los pelos con el acuerdo con el PNV y Coalición Canaria a cambio de más dinero para sus comunidades.

El año de la peor crisis que se recuerda deja una resaca que se prevé larga, y habrá que esperar para volver a ver crecimientos sostenidos y creación de empleo. Mientras, se inicia para 2010 otro debate interesante: el de la Economía Sostenible, el plan con el que Zapatero y su Gobierno se proponen cambiar un modelo económico lleno de vicios y rigideces. Ya se verá.