La Audiencia Nacional declaró ayer incompetente al juez Baltasar Garzón para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Tras una intensa reunión de todos los magistrados de la Sala de lo Penal, el Pleno decidió, por catorce votos a favor y tres en contra, admitir el recurso de la Fiscalía en contra de la decisión de Garzón de perseguir las desapariciones entre 1936 y 1951.

Según fuentes jurídicas, el Pleno considera que la Audiencia Nacional es un órgano judicial que investiga unos delitos específicos y los de esta causa no están entre ellos. Es decir, Garzón pretendía investigar las desapariciones ilegales durante la guerra y la dictadura pero para la Sala de lo Penal éstas están recogidas dentro de los delitos comunes y, por tanto, es competencia del juzgado de cada provincia.

El auto de la decisión del Pleno, que se hará público la próxima semana cuando se redacte y del que es ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, no entrará a estudiar si los delitos están prescritos o se acogen a la Ley de Amnistía de 1977, tal como exponía el fiscal jefe, Javier Zaragoza, en su recurso.

Según fuentes cercanas a los magistrados, al declarar incompetente a Garzón para investigar este asunto sería incongruente la decisión del magistrado de eximir la responsabilidad a los dirigentes de la Falange y los miembros del Gobierno de la dictadura al haber fallecido porque si no es competente para investigarlo no puede tomar ninguna decisión.

Ahora, dependerá del juzgado de cada provincia si decide admitir la inhibición de Garzón y continuar con el asunto. A partir de este momento, dependerá de cada juez decidir si se exhuma las fosas comunes de su provincia y buscar a posibles responsables que continúen con vida.

La pasada semana, Garzón se inhibió a favor de los juzgados de diferentes provincias después de confirmar que todos los responsables, entre ellos el dictador Francisco Franco, están muertos y por tanto no puede sentar a nadie en el banquillo.

En el momento que el dictador y los máximos dirigente de la Falange, entre 1937 y 1951, han fallecido, Garzón ya no puede seguir investigando el delito contra Altos Organismos de la Nación y la Forma de Gobierno, por lo que la Audiencia Nacional tiene la competencia. Ahora, el único delito existente es el de detención ilegal, cuya competencia la tienen los juzgados ordinarios. Por tanto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 declaró extinguida cualquier responsabilidad de los 46 presuntos responsables, "sin perjuicio de la decisión de los tribunales competentes a quienes corresponda decidida en definitiva, respecto de otros posibles responsables que no estarían en el nivel dirigente".