El Consejo de Estado considera que la resolución secesionista aprobada este lunes por el Parlamento de Cataluña muestra una "voluntad de desobediencia o desacato" a la Constitución y supone una "declarada insumisión" a las instituciones del Estado. En el dictamen en el que respalda al Gobierno en la presentación de un recurso al Tribunal Constitucional contra la resolución apoyada por Junts pel Sí y la CUP, el Consejo de Estado afirma que el texto contraviene los principios constitucionales de la soberanía nacional y de unidad de la nación española.

Cree además que la proyectada desobediencia a las decisiones del Tribunal Constitucional, anunciada ya en el texto, supone "un atentado a uno de los elementos básicos con que se configura el Estado social y democrático de derecho en España". La resolución del Parlamento catalán, afirma el Consejo de Estado, "implica la vulneración evidente del núcleo esencial de la Constitución Española -la atribución de la titularidad del poder constituyente-" y "niega" el orden constitucional vigente en su conjunto, "proclamando expresamente una ruptura con la primacía incondicional de la Constitución". A su juicio, cualquier decisión de las instituciones "sin excepción" debe estar sujeta a la Constitución sin que existan para el poder público "espacios libres" o "ámbitos de inmunidad frente a ella". "Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico", recuerda el Consejo de Estado, que cree que la violación de este principio es tanto más grave cuando es adoptada por una institución parlamentaria y se dirige como instrucción al futuro gobierno de la Generalitat.

En el dictamen, de 21 páginas, el Consejo de Estado advierte de que el desacuerdo del Parlamento de Cataluña con la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló parte del Estatut "en modo alguno legitima la desobediencia de sus sentencias". Junto a ello, el órgano consultivo no tiene dudas sobre el carácter jurídico de la resolución que el Gobierno pretende impugnar. Argumenta que el texto de la resolución del Parlamento catalán establece un exhaustivo programa de actuaciones en el que se formulan medidas concretas que, en muchos casos, ya constituyen incumplimientos de leyes estatales o de sentencias del Tribunal Constitucional.

Por este motivo, el Consejo de Estado considera que la impugnación debe dirigirse contra la resolución "en su conjunto" -tal y como ha propuesto el Gobierno- y no contra puntos concretos, "puesto que todos ellos guardan una clara interdependencia y responden a unos mismos criterios". El dictamen del máximo órgano consultivo del Gobierno se basa en el artículo 161.2 de la Constitución, que establece que el Gobierno podrá impugnar ante el TC las decisiones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas y que esta impugnación "producirá la suspensión" de la resolución recurrida.

Esa suspensión, continúa el artículo, deberá ser ratificada o levantada por el Tribunal Constitucional en un plazo no superior a cinco meses. Está previsto que el Consejo de Ministros autorice este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a interponer el recurso de inconstitucionalidad contra la declaración secesionista, que fue aprobada el lunes con los votos de los 72 diputados de Junts pel Sí (JxS) y la CUP.