La Fiscalía Anticorrupción ha decidido no ponerles las cosas fáciles al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. En un informe, las fiscales encargadas del caso contradicen al magistrado y sostienen que no hay indicios suficientes para imputar a aforados nacionales del PP en la operación Gürtel. Por eso, el Ministerio Público dice que deben ser los Tribunales Superiores del Justicia de Madrid y de Valencia los que se queden con el caso y no el Tribunal Supremo, como pretendía Garzón.

Este criterio de la Fiscalía significa que sí ven indicios de delito contra aforados regionales del PP, pero no contra diputados, senadores o altos cargos del partido, tal y como apuntaba Garzón en una providencia dictada la pasada semana. Concretamente, el magistrado sostenía que la causa debía ser remitida al Tribunal Supremo, órgano competente para investigar a aforados nacionales, tras la última documentación enviada por la Policía, que apuntaba a varios aforados nacionales.

Esta última semana se han estado barajando una serie de nombres que para Garzón sí son imputables pero no para la Fiscalía. Se trata, entre otros, del tesorero del PP, Luis Bárcenas, o el eurodiputado Gerardo Galeote.

Ahora, habrá que esperar si Baltasar Garzón escucha a la Fiscalía y se inhibe únicamente en favor de los TSJ de Madrid y Valencia o si, de lo contrario, sigue su criterio y lo envía al Tribunal Supremo, tal y como ya apuntaba en su providencia. Si sigue este camino, el Ministerio Público tiene la posibilidad de recurrir esta decisión.

Una vez elegido el tribunal que estime oportuno para encargarse de la investigación de la trama de corrupción en torno al PP, será el órgano judicial el que diga si es competente para admitir la causa. En su informe, las fiscales señalan que la causa debe ir a los TSJ "sin perjuicio de que pueda continuar el Juzgado la instrucción de la causa hasta que se resuelva la competencia de los tribunales competentes".

Mientras se decide la inhibición, Garzón sigue adelante con las declaraciones de los 37 imputados. Ayer tomó declaración a los ex alcaldes de las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, Arturo González Panero y Guillermo Ortega; al empresario castellano leonés José Luis Ulibarri, a otras tres personas -Pablo Ignacio Gallo Alcántara, Carlos Ignacio Hernández Montiel y Juan Antonio- y a un empleado del despacho R.Blanco-Guillamot.

Todos ellos quedaron en libertad sin medidas cautelares, aunque siguen imputados, excepto González Panero, que tendrá que comparecer en el Juzgado una vez a la semana. Todos ellos contestaron a las preguntas del magistrado excepto el ya ex alcalde de Boadilla, que se acogió a su derecho de no declarar.