Amnistía Internacional teme que la recesión económica mundial tenga un impacto enorme entre pobres e inmigrantes y pide al Gobierno español que los acuerdos sobre inmigración no se hagan a costa de los derechos humanos, dijo en una entrevista con Efe la presidenta de la Sección Española, Itziar Ruiz-Giménez.

La organización no gubernamental ha expresado su preocupación por el hecho de que "quienes verdaderamente van a sufrir" la recesión serán los más vulnerables, pues "ocho de cada diez personas" en muchos países viven bajo el umbral de la pobreza, y este colectivo y los inmigrantes serán "el chivo expiatorio" de la crisis.

Ruiz-Giménez, que ha viajado a Canarias para participar en varios actos para conmemorar el 60 aniversario de la declaración de los derechos humanos, reclama al Gobierno español "una acción decidida" en materia de política migratoria.

También pide que los acuerdos que España suscriba con países como Marruecos o Mauritania no se hagan a costa de los derechos humanos ni favorezcan la discriminación de los inmigrantes.

Ruiz-Giménez quiere que "el centro de las medidas" que adopte el Gobierno español para combatir la crisis sea la protección de las personas y su derecho a la sanidad, la educación, la alimentación, la vivienda y el empleo sin ningún tipo de discriminación.

"Al hablar de pobreza parece que se trata de una cuestión económica cuando es una violación de los derechos humanos, y las políticas económicas en muchos casos han reducido las redes sociales y ha habido un proceso de empobrecimiento de la mayor parte de la población mundial", denuncia Ruiz-Giménez.

Por ello subraya la necesidad de situar "en el centro de la agenda" cualquier intento de violación de los derechos humanos, y al respecto exige al Gobierno español que suspenda el envío de armas a Israel hasta que ese país no dé garantías de que no las va a utilizar contra la población civil.

Amnistía reclama al Ejecutivo español "que sea transparente sobre la venta de armas a Israel", que, según la información oficial del Gobierno supuso unos 4,5 millones de euros en 2007 y la primera parte de 2008.

Sin embargo AI lamenta que no se proporcione información detallada sobre este asunto y se hable de categorías "genéricas", como bombas y sustancias químicas, sin especificar de qué tipo.

Recuerda Itziar Ruiz-Giménez que en este ámbito hay responsabilidad por parte de los gobiernos que incumplan la normativa que impide vender armas a países en donde se infringen los derechos humanos, y España "está obligada por su propia legislación nacional y por la europea".

AI también ha pedido a Israel información sobre el armamento y la munición que ha utilizado, pues Amnistía ha detectado que hay medicamentos que no funcionan correctamente y se ha constatado el uso de fósforo blanco, una sustancia no autorizada cuyo uso supone un crimen de guerra.

A juicio de Itziar Ruiz-Giménez, éstos son parte de los grandes retos "en la nueva era" que ha abierto la presidencia de Barack Obama en Estados Unidos, que ha dado dos pasos "muy importantes" para acabar "con uno de los capítulos más oscuros" de su país: el cierre de Guantánamo y la derogación de la orden de su antecesor, George Bush, que permitía la tortura.

Sin embargo, advierte que "ésta página no se puede pasar y quedar impune", por lo que Estados Unidos y todos los países que han participado en la llamada "guerra contra el terror" deben "dar cuentas".