Hacienda asegura que López Viejo cobró de Gürtel 488.000 euros en comisiones

  • Un informe de la Agencia Tributaria sostiene que el ex consejero madrileño, citado por Ruz el 8 de abril, defraudó casi dos millones de euros entre 2002 y 2008.

El ex consejero madrileño Alberto López Viejo recibió de la trama Gürtel 488.054 euros en 2004, 2005, 2006 y 2007 por "su mediación para la obtención de contratos" y defraudó a Hacienda 1.925.716 euros en 2002, 2003, 2006 y 2008, según el último informe de la Agencia Tributaria remitido al juez Pablo Ruz. El informe, por el que Ruz le ha citado el 8 de abril, también destaca que se ha "comprobado" que en 2002, 2003 y 2008 el patrimonio del ex consejero sufrió "importantes acrecentamientos que no se corresponden con las rentas conocidas, es decir, con las rentas procedentes de la Comunidad de Madrid por su condición de empleado público y de la Asamblea de Madrid por ser diputado regional". 

El informe especifica que el ex consejero obtuvo del Grupo FCS (siglas que corresponden al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa Sánchez) "al menos" 106.000 euros en 2004, 115.000 euros en 2005, 196.866 euros en 2006 y 70.188 en 2007 por conseguir para la trama "contratos y u otras resoluciones administrativas favorables a sus intereses". Indica a su vez que defraudó en su declaración del IRPF cuotas superiores a 120.000 euros (el mínimo para que se considere delito fiscal), en concreto 1.108.838 euros en 2002, 181.693 en 2003, 129.758 en 2006 y 505.427 en 2008. 

El documento, de 149 páginas, analiza las comisiones que recibió supuestamente en especie y en efectivo, el acrecentamiento patrimonial que se ha detectado en operaciones de naturaleza financiera o inmobiliaria (mediante el análisis de la documentación aportada por bancos españoles y suizos), así como otras contingencias fiscales con posible trascendencia penal. En cuanto al aumento patrimonial detectado por Hacienda, indica que podrían provenir, en todo o en parte, de "las comisiones con que el Grupo FCS gratificaba la adjudicación de concursos de la Comunidad de Madrid". 

La Agencia Tributaria cuantifica este acrecentamiento patrimonial en 2.309.179 euros en 2002, 399.638 en 2003 y 1.169.492 euros en 2008, cantidades, insiste, que "no se han podido generar mediante el ahorro de su renta declarada". Algunas de esas operaciones son su participación en sociedades de su cuñado, ingresos en efectivo que solo en 2002 alcanzaron los 452.197 euros, compras de barcos o apartamentos y amortizaciones de préstamos. En los años 2009, 2010, 2011 y 2012 Hacienda no advierte, en cambio, "acrecentamientos patrimoniales desproporcionados en relación con las rentas conocidas" de López Viejo. 

Tras analizar este aumento patrimonial injustificado, así como los pagos de la red Gürtel, el informe concluye que el consejero imputado defraudó 1,9 millones de euros en su declaración de la renta. Ruz ha citado de nuevo a López Viejo para que dé explicaciones sobre este informe, así como sobre información enviada a su juzgado por Suiza y declaraciones de testigos e imputados en las que mencionaron su participación en los hechos. Según un informe anterior de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, López Viejo obtenía a cambio de mediar en adjudicaciones, que se hacían mediante contratos menores para evitar la publicidad, una "gratificación económica imputada como mayor coste del propio evento". 

En cuanto a la documentación remitida por las autoridades suizas respecto de este imputado, otro informe de la Agencia Tributaria de marzo de este año desmentía que el casi medio millón de euros que el ex consejero madrileño tenía en un banco de ese país en 2002 fuera de su mujer Teresa Gabarra, tal y como ella aseguró al juez Ruz el pasado septiembre en su declaración como imputada. Ruz investiga en el caso Gürtel la adjudicación de numerosos contratos por parte de la Comunidad de Madrid a empresas vinculadas con la trama supuestamente liderada por Correa, que presuntamente fueron en muchos casos fraccionados para evitar que se sometieran a concurso público. 

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