El Partido Popular quiere que el Tribunal de Cuentas realice un informe de fiscalización sobre la acción exterior de la Generalitat de Cataluña entre 2011 y 2017 para determinar qué destino se ha dado a todos los recursos asignados a estas políticas, entre las que se incluyen las distintas embajadas y el Consejo de Diplomacia Pública de Cataluña, conocido como Diplocat, que el Gobierno central liquidó la semana pasada bajo el amparo del artículo 155.

Los populares defenderán esta iniciativa el próximo miércoles en la reunión que tiene convocada la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las relaciones con el Tribunal de Cuentas. En su texto, el PP recalca que desde 2012 Cataluña ha sido la comunidad que más ayuda ha recibido a través de los distintos mecanismos de financiación puestos en marcha por el Estado para garantizar la prestación de servicios públicos básicos a los ciudadanos. En concreto, cifra esos fondos en 70.709,9 millones, el 30,62% de total destinado al Fondo de Liquidez Autonómica.

Y también destaca que, según el propio Tribunal de Cuentas, entre 2001 y 2014, Cataluña copaba la mitad de las delegaciones, sedes u oficinas de representación de las comunidades autónomas en el exterior, y que el coste total de esta actividad ascendió a 79,06 millones de euros.

En 2012, Exteriores impulsó la suscripción de protocolos generales de colaboración entre el Ministerio y las autonomías para que las delegaciones autonómicas se integrasen en las delegaciones diplomáticas españolas, con el objetivo de reducir duplicidades y costes, pero Cataluña siguió operando de forma autónoma.

De hecho, el PP asegura que en los últimos años y especialmente este 2017 se ha detectado un incremento del presupuesto en la acción exterior de la Generalitat, que ha coincidido con la intención de internacionalizar "la causa secesionista".