Comienza hoy en el Senado la función que decidirá el destino de Cataluña pero también el futuro inmediato de un hombre acosado, Puigdemont, el político más debilitado de España. La aplicación de la ley lo espera a la vuelta de la esquina, al punto de poder ir a la cárcel. Los suyos lo presionan para que incumpla esa ley que pondría un final dramático a su trayectoria política, porque las dudas en que se ha movido en los últimos días, y la falta de coraje para imponer su criterio, impedirán que pase a la historia como un héroe que proclamó la independencia contra viento y marea, con valentía y con voz firme. Ni siquiera lo hizo en el debate parlamentario del día 10, sino que pronunció un discurso oscuro que dio pie a varias interpretaciones... para luego, en la clandestinidad, firmar un documento inequívocamente independentista.

El PSOE también presenta dudas antes del debate, apareciendo signos de división en ese partido que empezaba a recuperar el prestigio perdido. Voces socialistas han advertido que si Puigdemont convoca elecciones se debe suspender el 155; otras, coincidiendo con PP y C's, creen que sólo se puede suspender si, además de ir a las urnas, el president renuncia al independentismo y promete respeto a la legalidad y a la Constitución. Si no lo hace, una convocatoria electoral no resolvería nada.

Para Puigdemont ha llegado la hora de demostrar si es algo más que un periodista subvencionado con dinero público y que llegó a la Presidencia porque los antisistemas exigieron la cabeza de Mas. Éste le aconseja que tire para un lado, la CUP que haga lo contrario, su partido no se pone de acuerdo y ERC lo maneja como una marioneta. Patético. Pero su patetismo no inspira lástima, sino que anima a tomar medidas expeditivas que salven a Cataluña, y a España, de mediocres que actúan como sólo lo hacen gobiernos que cercenan libertades y se apoyan en la capacidad de movilización de masas enfervorizadas. Lo que se llama vulgarmente repúblicas bananeras.