El ahorro acumulado hasta ahora por las medidas de reforma, simplificación y modernización de las administraciones públicas puestas en marcha por el Gobierno asciende ya a los 9.500 millones de euros, y llegará a los 37.600 millones de euros en los cuatro años de esta legislatura. Según el tercer informe de seguimiento de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), analizado por el Consejo de Ministros, de las 219 medidas previstas, se han acabado en su totalidad 63 -cerca de un 29 por ciento-, otras 74 están en una fase avanzada, 77 en un estadio medio y, sólo siete, en una fase inicial.

A partir de este tercer informe de la CORA, el Gobierno va a incorporar algunas de las recomendaciones de la OCDE, como el compromiso de mejora de la calidad en la elaboración de las leyes y de las diferentes normativas, para evitar la creación de nuevas trabas administrativas. Entre los efectos positivos de esta modernización administrativa, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha destacado la cita previa para el servicio público de empleo y las jefaturas de Tráfico, la implantación de la historia clínica digital o las licencias únicas de caza y pesca, frente a la autorización para cada territorio que existe en la actualidad.

A modo de ejemplo, a primeros de marzo más de 20 millones de ciudadanos podrían acceder ya de su historia clínica digital, disponible en las distintas comunidades autónomas, mientras que el porcentaje de recetas electrónicas llega al 70 por ciento, disponible ahora en siete comunidades. De la cita previa en las oficinas del SEPE se han beneficiado más de 13 millones de ciudadanos, y otras 645.000 personas de este tipo de servicio en la Dirección General de Tráfico.

La homologación telemática de vehículos llegará a los 22.000 trámites anuales, al tiempo que se han solicitado hasta el momento 179.000 claves de acceso PIN24H, para declaraciones tributarias por internet. Canal telemático único y más ágil que también se ha creado para atender a las víctimas del terrorismo en sus trámites con el Ministerio del Interior y las comunidades con atención a este colectivo. En cuanto a las licencias únicas de caza y pesca, el pasado miércoles se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente y las comunidades de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Castilla y León, al que sumarán en breve Galicia, Cantabria, Baleares, Murcia, Navarra y la Comunidad Valenciana.