El 'caso Aguirre' llega al juez

  • Un juez de Instrucción decide si abre diligencias a la ex presidenta madrileña por delito o falta tras recibir el atestado policial. Todo el arco político le advierte: "La ley es igual para todos".

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Un juez de Instrucción tendrá que decidir si abre diligencias contra la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, por un delito de desobediencia o por una falta contra el orden público una vez que reciba el atestado policial sobre los hechos sucedidos este jueves tras aparcar en un carril bus de la Gran Vía.

Fuentes jurídicas han explicado que el procedimiento penal arrancará una vez que el atestado policial sea trasladado al Decanato de los juzgados ordinarios y éste recaiga sobre un juez instructor. Este viernes aún la Policía no había trasladado la denuncia al juzgado, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y tampoco lo podrán hacer este fin de semana por considerarse sábado y domingo días inhábiles. Será cuando la denuncia llegue al Decanato cuando el magistrado decida si abre o no diligencias para investigar bien un delito de desobediencia del artículo 550 del Código Penal o bien una falta contra el orden público, recogida en el artículo 634.

"Son reos de atentado los que acometan a la autoridad, a sus agentes o funcionarios públicos, o empleen fuerza contra ellos, los intimiden gravemente o les hagan resistencia activa también grave, cuando se hallen ejecutando las funciones de sus cargos o con ocasión de ellas", recoge este delito. Estará penado con las penas de prisión de dos a cuatro años y multa de tres a seis meses si el atentado fuera contra autoridad y de prisión de uno a tres años en los demás casos. Sobre la falta contra una orden pública, el artículo 634 establece que cometen esta infracción penal "los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad o sus agentes, o los desobedecieren levemente, cuando ejerzan sus funciones". Serán castigados con la pena de multa de diez a sesenta días. En el caso de que el juez vea que se haya incurrido en alguno de estos dos preceptos penales, entrará en juego el Ministerio Público y éste decidirá si acusa o no.

En el caso de que el proceso siga adelante, se tendría que llamar a Aguirre a declarar en calidad de imputada y a los agentes implicados en el incidente como testigos. En la hipótesis de que se transformaran las diligencias en procedimiento abreviado por un delito de desobediencia, sería juzgada por un juzgado de lo penal al no ser aforada. En ningún caso se celebraría un juicio rápido, dado que esta modalidad se produce con determinados delitos. Estas infracciones penales serían hurto y robo de uso de vehículos; delitos contra la seguridad del tráfico; delitos de daños; atentado (pegar a un policía); y algunos delitos contra la propiedad intelectual. Si el juez considera a Esperanza Aguirre autora de una falta contra el orden público, le caería una multa. Este último caso no constituye un antecedente penal.

Por otro lado, según han confirmado  fuentes policiales, los hechos protagonizados por Aguirre, que según los agentes de movilidad, hizo caso omiso de sus indicaciones y arrancó su coche pese a que le dijeron que no lo hiciera, no suelen terminar con la detención del sujeto. En general, este tipo de casos no suele acabar con la detención de la persona en cuestión y su consiguiente traslado a comisaría siempre y cuando exista una identificación previa. En este caso, la presunta infractora había sido previamente identificada con nombre y dirección por los agentes, pues había entregado toda la documentación requerida. Es decir, ante cualquier posible declaración ante el juez, esta persona, en este caso Aguirre, estaría plenamente localizada -de hecho, Aguirre ha manifestado estos días que cuando sucedió lo ocurrido les dijo a los agentes que si existía algún problema, la podían localizar en su domicilio-. 

"La ley es igual para todos"

Ante el polémico asunto, el arco político ha advertido Aguirre de que "la ley es "igual para todos", que ha suscitado el rechazo de la alcaldesa Ana Botella tras los reproches de la primera a los agentes municipales que trataron de multarla.

Tras reconocer los hechos, la presidenta del PP de Madrid acusó a los agentes de mostrar una actitud machista y de actuar condicionados por su perfil público, una declaraciones a las que ha contestado hoy la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, defendiendo la "presunción de veracidad" de estos. Botella ha respaldado el trabajo de los funcionarios municipales y ha recalcado que a lo sucedido seguirá el "procedimiento legal establecido", mientras que el sindicato mayoritario entre los policías locales ha censurado las acusaciones de la presidenta del PP de Madrid.

"La ley es igual para todos", ha recalcado en torno a este caso la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que ha indicado que Aguirre ha dado ya explicaciones al respecto y ha agregado que ahora el procedimiento abierto a raíz de este incidente debe definir "hechos" y "responsabilidades". Del mismo modo, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha señalado que Aguirre "ya ha dado sus explicaciones", ha recalcado que ha pedido "perdón" y considerado que "a partir de ahí no hay que darle una mayor transcendencia que la que ella ha dado con sus explicaciones".

En defensa de Aguirre ha salido la secretaria de Comunicación del PP de Madrid, Lucía Figar, que ha subrayado que las funciones de los agentes de movilidad son de vigilancia y control del tráfico y que por tanto no pueden retener a nadie, como considera que ocurrió ayer con Aguirre "durante 20 minutos".

El comportamiento de Aguirre y sus explicaciones posteriores han topado con el rechazo y la censura de las redes sociales, donde desde ayer permanece como uno de los asuntos del día, así como de los representantes políticos más allá del PP. Entre ellos, el coordinador federal de IU, Cayo Lara, que ha apuntado con ironía: "Ya no cabe duda: Esperanza Aguirre es la que enseñaba las normas de circulación y civismo a Carromero".

El diputado socialista Pedro Sánchez ha hablado de "vergüenza" y ha dicho que la expresidenta regional "se cree que Madrid es suyo", mientras que el también diputado del PSOE y ex alcalde de San Sebastián Odón Elorza ha calificado de "impresentable" el comportamiento de Aguirre. La vicesecretaria general del PSOE y cabeza de lista al parlamento Europeo, Elena Valenciano, se ha limitado a recoger una información según la cual "los agentes de movilidad que multaron a Aguirre presentaran esta noche una denuncia por desobediencia a la autoridad". En alusión a la condición de condesa consorte que ostenta la presidenta del PP madrileño, el diputado de IU Alberto Garzón ha escrito que "estos señoritos crean escuela".

El responsable de Economía de UPyD en el Congreso de los Diputados, Álvaro Anchuelo, ha señalado que "hay personas que se piensan que están por encima de la ley, e incluso de las leyes de tráfico o circulación", en referencia al incidente. A raíz del suceso, el presidente de la asociación estatal de víctimas de accidentes DIA, Francisco Canes, ha exigido a los políticos ejemplaridad en materia de seguridad vial y ha declarado que "parece mentira que un personaje público y que ha tenido una gran responsabilidad dé este ejemplo. Es algo vergonzoso".

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