Operación pretoria

Un millón de euros de fianza para Alavedra y Prenafeta

  • Garzón acusa a los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha decretado libertad bajo fianza de un millón de euros a los ex altos cargos de la Generalitat en la etapa de CiU, Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, imputados en la llamada operación Pretoria contra la corrupción urbanística en varias localidades de Barcelona.

Fuentes jurídicas han informado de que el magistrado ha fijado además para ambos la obligación de comparecer cada quince días en el Juzgado y la prohibición de abandonar el territorio nacional, y han explicado que Garzón ha modificado la situación de prisión provisional de ambos imputados al estimar que ya no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas.

En el auto en el que ordenó su ingreso en prisión el pasado 30 de octubre, el juez afirmaba que Prenafeta habría percibido al menos 637.590 euros de las operaciones Niesma y Badalona, mientras que Alavedra habría conseguido por intermediar en esos proyectos la misma cantidad, que habría blanqueado fuera de España para luego volverla a introducir en el país.

Sólo entre mayo y junio de este año, Alavedra podía haber blanqueado 300.000 euros, según el auto, que añadía que los dos ex altos cargos usaban sus contactos con organismos oficiales para facilitar los proyectos empresariales de otro de los imputados, el empresario Lluis Casamitjana, del que recibían comisiones a través de la promotora Espais que luego blanqueaban.

Con la puesta en libertad de Alavedra y Prenafeta, a los que Garzón acusa de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias, sólo permanecen en prisión incondicional el ex alcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz y el ex diputado autonómico del PSC y presunto cerebro de la trama Luis García.

El pasado día 2, el magistrado ya había acordado la puesta en libertad, bajo fianza de 200.000 euros, del ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco. Otras cuatro personas imputadas en la primera fase de la operación, los empresarios Lluis Casamitjana, Josep Singla y Manuel Carrillo y el gerente de los servicios municipales de Santa Coloma, Pasqual Vela, habían quedado en libertad bajo fianza tras comparecer ante Garzón el pasado 30 de octubre.

La semana pasada, el magistrado imputó a otras once personas, entre ellas las esposas de Alavedra y Prenafeta, Doris Malfeito y Lluïsa Mas, respectivamente, acusadas de un delito de blanqueo de capitales y para quienes la Fiscalía Anticorrupción no solicitó ninguna medida cautelar después de que declararan ante el juez.

Entre el resto de los imputados, todos ellos en libertad, están el ex gerente del Instituto Catalán del Suelo Emili Mas Margarit, el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres Víctor Ros (PP), el ex edil socialista de esta localidad Antoni Jiménez, y el ex concejal de CiU en Mataró y ex coordinador del Plan Metropolitano de Barcelona Genís Carbó. También figuran como imputados en la causa el administrador de Niesma Corporació, Manuel Valera; el arquitecto municipal de Santa Coloma, Lluis Falcón; y el consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz i Sabido.

En esta última tanda de imputados figura asimismo la madre de Muñoz, Josefina Calvet -a la que el juez acusa de haber recibido junto con su hijo un millón de euros-, que no compareció ante Garzón la semana pasada porque padece alzheimer y, según varios informes médicos presentados al magistrado, no puede prestar declaración, por lo que el juez designará a un forense para que la examine. También figura Philip McMahan Bolich, que tiene su residencia en Andorra y por ello Garzón ha cursado una comisión rogatoria para interrogarle.

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