El que la agricultura no esté pasando por uno de sus mejores momentos no es novedad, su principal problema es que los agricultores, con la venta de sus cultivos, no llegan a costearse ni siquiera los gastos de producción. Para llegar a este punto han convergido diferentes causas, como la importaciones de terceros países en la Unión Europea sin respetar los acuerdos de asociación colapsando con contingentes determinadas épocas de calendario, el incremento de los costes de producción y los abusos de la distribución sobre los márgenes comerciales entre como paga al productor y vende al consumidor.

Los agricultores han conseguidor alinearse, por ahora, con alhóndigas y comercializadoras para mejorar los precios. Las administraciones ya han empezado a tomar nota, pero faltaba una voz, la de la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Para ella, "los sectores agroalimentarios, más que a un problema de competencia, se enfrentan a diversos problemas de índole contractual, derivados fundamentalmente del distinto poder negociador o contractual de las partes de la cadena y de las peculiaridades de muchos productos agroalimentarios, que generan falta de transparencia en la formación de precios, descontractualización de las relaciones comerciales, traslado abusivo de los riesgos, remuneraciones inferiores a costes…".

Según fuentes de este organismo, existe un amplio margen de exploración de alternativas de regulación y auto-regulación para disminuir el impacto de estos problemas anteriormente mencionados sobre la fase más débil de la cadena de valor, sin que ello signifique implementar medidas que resultarían restrictivas de la competencia. "La aplicación de códigos de conducta que doten de transparencia a las transacciones y que protejan a los productores de modificaciones unilaterales del contrato de industriales y distribuidores, la promoción de la concentración de la oferta para mejorar el poder de negociación de los productores, tanto a nivel horizontal como vertical o la promoción de un mayor grado de formalización contractual de precios, cantidades y calidades entre productores y distribuidores, dejando la determinación de estos elementos a la negociación de forma independiente entre cada transformador y productor" son algunas opciones aportadas por la CNC.

Para la Comisión, la situación actual del sector en Almería, en resto el de España y gran parte de Europa responde al acusado deterioro en la cadena de valor del sector agroalimentario en sus tres eslabones: producción, industria y distribución. "Más que a la crisis económica actual, el deterioro hay que imputarlo a la asimetría de la magnitud y velocidad de los ajustes de precios de los eslabones de la cadena desde mediados de 2007. Los precios de la industria y la distribución se están ajustando con cierto retraso y con menor intensidad a las fuertes oscilaciones de los precios de la producción".

La CNC reconoce que el eslabón de la producción es siempre el más débil, por su pluralidad y atomización, produciéndose, tal y como describe, un "efecto sandwich" entre sus proveedores y sus clientes (el sector industrial o directamente el distribuidor), ambos con mayor poder de negociación que el sector productor.

El sector de la distribución comercial es, por el contrario, el más fuerte. "Pero gran parte de esa fortaleza descansa en la existencia de una regulación que entorpece una mayor competencia en el mercado de distribución minorista. La CNC tradicionalmente ha venido denunciando que la existencia de la segunda licencia para la apertura de las grandes superficies, por ejemplo, no hacía sino dificultar la entrada de nuevos establecimientos, reforzando el poder de mercado de los establecimientos existentes y perjudicando claramente los intereses de sus proveedores y clientes. Lamentablemente y pese a los esfuerzos de la CNC, hemos perdido la oportunidad que suponía el proceso de transposición en nuestro país de la Directiva de Servicios, y sólo una Comunidad Autónoma ha decidido suprimir esta segunda licencia en su territorio. El resto las han mantenido e incluso endurecido".

Para facilitar una comunicación transparente a los agricultores, la CNC insiste en que el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino trabaja en medidas para informar, por ejemplo, sobre la formación de precios. "Igualmente la CNC ha propuesto a la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso la posibilidad, si ella así lo solicita, de realizar un estudio sobre las condiciones de competencia en el sector agrario". En este sentido, y a pesar de que la CNC no tiene competencias para vigilar la trazabilidad de los alimentos, que en caso de prácticas ilegales podría derivar en perjuicio del consumidor que finalmente es el engañado, la Comisión afirma que sin duda sería una de las cuestiones a analizar en el mencionado estudio.

"Obviamente garantizar que los alimentos que consumimos sean saludables y seguros es un objetivo prioritario para nuestro país y para la UE. Sin embargo, estaríamos en contra del establecimiento de normas que fueran más allá de lo necesario para garantizar este interés público y que camuflaran la introducción de barreras a la libre competencia entre productos locales e importados".