La flota de arrastre almeriense, al igual que el resto de buques del Mediterráneo, se encuentra ante meses decisivos que desencadenarán su futuro. Mientras a nivel nacional se empieza a definir, con borrador en mano, el plan de gestión -algo que debería estar en vigor desde hace dos años, según los pescadores- paralelamente la Unión Europea hace lo propio, es decir, dos normas para lo mismo y a la vez.

Hace unas semanas, el pasado 8 de marzo, la Comisión Europea hacía su propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece un plan plurianual para la pesca demersal en el Mediterráneo occidental, que contempla diez capítulos y veinte artículos. Éste se basa en dos problemas en los "elevados niveles de soobrepesca y la ineficiencia del marco regulador". Según se refleja en la propuesta persigue "alcanzar los objetivos del reglamento PPC relativos a la pesca de especies demersales del Mediterráneo occidental, a fin de que las actividades pesqueras sean medioambientalmente sostenibles a largo plazo y se gestionen de manera que se consigan beneficios económicos, sociales y de empleo".

Estos problemas afectan principalmente a las flotas de la UE procedentes de Francia, Italia y España. Tal y como se informa en la propuesta de la Comisión, unos 13.000 buques podrían verse afectados por esta iniciativa, de los cuales el 76% son italianos, el 15% españoles y el 9% franceses.

Entre las disposiciones específicas de la propuesta, hay dos especialmente temidas. Por un lado, el régimen de gesión del esfuerzo pesquero y, por otro, las zonas de veda. En cuanto al primero, la propuesta introduce un régimen de gestión del esfuerzo pesquero en la zona a nivel de la UE para los buques de todo tipo de arrastres y todas las categorías de eslora. Cada año, sobre la base del dictamen científico, el Consejo decidirá el esfuerzo pesquero máximo admisible para cada grupo de esfuerzo y por Estado miembro. Además, la propuesta prevé una reducción sustancial del esfuerzo pesquero en el primer año de aplicación, así se calculará para cada grupo de esfuerzo como el esfuerzo medio expresado en número de días de pesca entre el 1 de enero de 2015 y el 31 de diciembre de 2017, teniendo únicamente en cuenta los buques activos durante ese periodo; en cada uno de los años siguientes, el valor de referencia será igual al esfuerzo pesquero máximo admisible del año anterior.

Respecto a las zonas de veda, la propuesta comunitaria establece un cierre espaciotemporal que prohíbe a los arrastreros operar hasta los 100 metros de profundidad entre el 1 de mayo y el 31 de julio de cada año. De este modo se reservaría la banda costera para artes más selectivos a fin de proteger las zonas de reproducción y los hábitas sensibles. Antes de transcurridos dos años desde la adopción del reglamento que se propone, los Estados miembros afectados establecerán otras zonas de veda en las que conste una elevada concentración de juveniles y en zonas de desove de especies demersales, en particular de las poblaciones afectadas. Cuando las zonas de veda afecten a buques pesqueros de varios Estados, la Comisión estará facultada para adoptar actos delegados, es decir, puede actuar sin necesidad de contar con el Parlamento Europeo ni demás.

Otra de las medidas es simplificar la gestión de la pesca con arreglo a un único marco regulador. El plan se coordinará a escala comunitaria y se aplicará a los arrastreros que apliquen en la región. Además, los Estados miembros decidirán cada año el número máximo de días de pesca por cada categoría de flota y por cada país afectado.

Esta última idea confronta con el real decreto y plan de gestión que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente (Mapama) está llevando a cabo. Ya que de haberse elaborado con anterioridad se hubiera adelantado a Bruselas pudiendo ejercer presión, pero al ir de forma paralela pierde sentido al tener que ajustarse posteriormente a las directrices europeas. En este sentido, el Mapama señalaba a finales de agosto en Almería que tenía previsto aprobar el Plan de gestión integral para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo antes acabar 2017. Este anuncio queda caduco y de ahí que Margarita Pérez, directora general de Pesca y Acuicultura de la Junta Andalucía, convocase al sector en Almería a finales de enero; "tenemos constancia de que la Comisión Europea va a presentar en el Consejo de Ministros de la Unión Europea de marzo la primera propuesta sobre el plan de pesquerías demersales del Mediterráneo, es decir las de arrastre. Queremos trasladar al Ministerio la prisa para presentar un plan de gestión para el Mediterráneo, que recoja las inquietudes que tiene el sector andaluz". Hay que recordar que la Junta de Andalucía elaboró, junto al sector pesquero, un documento que remitió al Ministerio con sus singularidades y, uno de los puntos discordantes frente al proyecto de orden de gestión del caladero respecto al arrastre era la indicación de una limitación del esfuerzo, a pesar de ello, al menos en la propuesta inicial no se ha tenido en cuenta. Por tanto, el sector de litoral mediterráneo andaluz se encuentra en la encrucijada, entre dos normas que según los pescadores harían que el sector "parase definitivamente".

Como ha expresado José María Gallart en reiteradas ocasiones son los propios pescadores los que están interesados en que el mar sea sostenible, básicamente porque de él viven. En esta línea, realizan sus paradas temporales, a veces por iniciativa propia y sin estar sujetos a ayudas, están comprometidos con la limpieza de la costa, recogiendo ellos mismos las basuras que se depositan y quedan en el fondo marítimo, entre otras medidas. Asimismo, no entienden normas genéricas que no atienden a las singularidades de los buques que en estas aguas faenan, barcos que no se destinan únicamente a un tipo de capturas, sino que, en función de determinadas condiciones como las climatológicas optan por un tipo de especies u otras.

Así, mientras el borrador del plan nacional está en fase de alegaciones, el sector pesquero almeriense, concretamente la Asociación de Empresarios de la Pesca de Almería (Asopesca), pide al Gobierno central que escuche sus demandas y haga "piña" con los pescadores de cara a la Comisión Europea, algo que no se hizo el pasado lunes por parte del secretario general de Pesca, Alberto López-Asenjo, en el Consejo de Ministros de Pesca de la Unión Europea.