Además del pesimismo generalizado por la actual crisis económica, que ha disminuido su cartera de pedidos, las empresas dedicadas a la extracción de áridos de la provincia de Almería continúan buscando una solución que garantice el futuro de su actividad.

Recientemente, la Asociación de Fabricantes de Áridos y Afines de Andalucía ha celebrado unas jornadas en las que se ha expuesto la situación de la industria en la provincia.

Uno de los asuntos principales discurrió en torno al "conflicto" sobre los derechos mineros vigentes y la ampliación de los existentes en la zona del Poniente.

Los empresarios pusieron sobre la mesa que el articulado del Plan de Ordenación Territorial del Poniente de Almería (POTPA), recogido en el Decreto del 2 de diciembre de 2002, y modificado el pasado 28 de julio, "puede llevar a una situación de crisis al sector extractivo de áridos".

Además, se concretó que la zona más afectada es la Sierra de Gádor, por lo que, "de no solucionarse con celeridad, puede paralizar gran parte de la economía productiva de la provincia, afectando a miles de puestos de trabajo y a centenares de empresas".

Las jornadas sirvieron para hacer un repaso de la normativa por la que se rige la actividad extractiva, recordando que Andalucía ha sido una de las últimas comunidades autónomas en elaborar una Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía (LOTA), "que se aprobó en enero de 1994".

En el encuentro se criticó la "falta de coherencia y coordinación" del proceso legislativo que siguió a esta primera norma. En especial, al modelo de "creación legislativa inversa", que ha dado lugar a que "la planificación sectorial y urbanística carezca de la debida coherencia y no se hayan abordado los problemas urbanísticos en Andalucía de manera integral y coordinada".

Después de 13 años de aprobación de la LOTA, que contempla planes subregionales de ámbito supramunicipal, "sólo están aprobados y en vigor ocho de los 19 previstos", se denunció.

Los empresarios de áridos de Almería también repasaron algunos aspectos positivos del sector que están recogidos en el Boletín Oficial del Estado del 29 de mayo de 2007, para reivindicar sus derechos de explotación entre los que se recoge el derecho a explotar del suelo de acuerdo con su naturaleza.

Como consecuencia de la dilatación de la autorización de los derechos de explotación mineros, se incidió en el incremento de gastos económicos y ambientales derivados de aumentar las distancias de transporte desde otras canteras autorizadas.

A esta situación problemática, aún por resolver, se suma el descenso en las ventas del sector en Almería, cuya facturación cayó un 8,8% al cierre de 2007, la segunda mayor caída después de Málaga, donde la bajada fue del 9,4%. El descenso en Andalucía fue tan sólo del 1,7%.