Con la bajada del 5% de los salarios públicos, la congelación salarial, la supresión de las pagas extras de diciembre de 2012 y los complementos adicionales en la de 2013, la desaparición de la ayuda a acción social, entre otros recortes, los empleados públicos han perdido en torno a un 25% de su poder adquisitivo desde 2010. Así lo apuntaba ayer el secretario general de UGT Almería, Félix López, quien junto a la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT, Ascensión Requena, presentaban la campaña 'La dignidad es el salario' para concienciar sobre la importancia de dignificar el trabajo de los empleados públicos y que arrancaba ayer en la provincia.

Según Requena, las retribuciones de los empleados públicos son hoy equiparables a las de 2007, mientras los precios de bienes básicos de consumo han subido exponencialmente en este último lustro. "Los recortes en los salarios de los empleados públicos almerienses han supuesto que 35.300 trabajadores con un salario mensual medio de 1.100 euros hayan dejado de percibir alrededor del 200 euros al mes", por lo que, de acuerdo a las palabras de la responsable de FSP en Almería, muchos no llegan a los mil euros.

Requena insistía en la importancia de tener unos empleados públicos motivados y respetados, y reivindicaba el regreso de la negociación colectiva en el ámbito de las administraciones públicas. "Desde la Federación de Servicios Públicos creemos que el trabajo solo dignifica si se perciben a cambio salarios digno", añadía Requena, quien explicaba que el trabajo de los empleados públicos consiste en educar, proteger, impartir justicia, formar, curar, cuidar, etc., por lo que apuntaba: "Si el trabajo es digno, ¿por qué el salario no lo es?"

La FSP de UGT demanda que se devuelva la sustracción salarial sufrida desde 2010 y que se reactive el empleo, puesto que desde ese año, según Requena, en la provincia trabajan en torno al 25% menos de empleados públicos, ya que, además de los expedientes de regulación de empleo que se han propiciado, se ha dejado de sustituir a personal en actividades tan básicas como la educación y la sanidad. Asimismo, la responsable provincial de FSP apunta a que con la reforma de la administración local podrían perderse otros 4.000 empleos.