Dilaciones en el caso

El juez del caso Alhambra recibió datos erróneos del BBVA durante tres años

  • El instructor tuvo que mandar a la Policía a la central del banco en Madrid para identificar a los técnicos y requerir los documentos correctos

El caso Alhambra, que durante más de una década investigó las irregularidades en la gestión de las entradas al monumento, ha finalizado por ahora con una sentencia de la Audiencia Provincial de Granada que rebaja las penas de cárcel de los condenados por las "dilaciones extraordinarias" del proceso. Según se recoge en el sumario, buena parte de ese retraso se debió a la pérdida de tres años de trabajo judicial por el envío reiterado de datos incorrectos por parte de la entidad bancaria que se encargaba entonces de la gestión de las entradas.

El propio abogado del BBVA, entidad que en un principio estaba en el punto de mira de la investigación por la gestión de las cancelaciones de entradas, reconoció en un escrito de 2008 que los últimos datos que la entidad había aportado eran "erróneos, al igual que todos los datos remitidos anteriormente al Juzgado de Instrucción 6 de Granada con motivo de estas diligencias previas". El letrado explicaba que los motivos esgrimidos por los técnicos del banco eran "la forma de extraer los datos", ya que "por la provisionalidad del puesto de las personas encargadas, el desconocimiento de la operativa de los ficheros informáticos" y otras causas, "han dado lugar a un cúmulo de circunstancias que han propiciado que los datos remitidos hasta ahora sean erróneos o incompletos". Este reconocimiento se produjo a finales de 2008, cuando ya habían pasado más de dos años desde que el BBVA comenzó a enviar los primeros documentos sobre la gestión de las entradas.

Los peritos designados por el Juzgado no habían dejado de alertar de que los datos enviados por el BBVA no eran coincidentes con los del Patronato de la Alhambra, de ahí que durante años el Juzgado y la Policía reiteraran sus peticiones a la entidad. Llegó un momento, en octubre de 2008, en que el juez instructor ordenó a la Policía que "de forma inmediata" identifique a las personas responsables de la elaboración y envío de la información.

Varios agentes policiales y un perito contable se desplazaron entonces hasta la sede del Área de Tecnología y Sistema del banco en Madrid para dar cumplimiento de la orden judicial, donde los técnicos y el abogado de la entidad admitieron los "errores" y se comprometieron a remitir la información correcta a partir de ese momento. Es más, acordaron la aportación de la base de datos completa del sistema de venta de entradas operado entonces por el BBVA.

A partir de ese momento la entrega no se hizo esperar, pues el 9 de diciembre de 2008 la entidad remitió la base de datos completa al juzgado instructor. Ahora bien, tendrían que pasar varios meses, hasta mediados del año siguiente, para que esa ingente cantidad de información fuera adaptada por los técnicos a un formato accesible para poder ser consultado. Los datos examinados, de entre 1999 y 2007, ocupaban 634.554 folios.

El resultado es que, después de tres años, el 1 de junio de 2009 es el primer día en el que el perito contable tiene a su disposición los datos correctos y en formato accesible para poder hacer sus informes. Todos los informes emitidos antes, así como las horas de trabajo invertidas por los técnicos que manejaron los datos incorrectos que había remitido el BBVA, no sirvieron para nada hasta ese momento de la investigación.

También consta un informe pericial que analiza la actuación del BBVA en la preparación y envío de documentación. "Hasta este punto se denota por parte del BBVA muy poco interés en aportar los datos requeridos", dice textualmente el perito, quien no consideraba "admisible que una entidad como BBVA, y sobre todo partiendo de una base de datos ya existente", indiquen que "no disponen de un aplicativo para poder exportar información solicitada a excel o a un fichero de texto plano".

En el sumario también constan algunas de las respuestas aportadas por los responsables del banco antes de aquella visita policial a Madrid que debió de suponer un punto de inflexión. En 2007 le explican al juez: "Rogamos al Juzgado que entienda que cada petición de información supone al rededor de 200 horas de trabajo de un equipo de debe continuar con las tareas habituales para el normal funcionamiento de los sistemas".

El informe pericial explicaba, sin embargo, que los argumentos aportados por los técnicos del BBVA, relacionados con un supuesto trabajo manual, eran una "excusa técnica inadmisible y que solo tenían que escribir la palabra "select" para que los datos se exportaran de forma automática.

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