La juez que instruye dos de los casos más complejos y mediáticos abiertos en este momento en Granada, Nazarí y Serrallo, acaba de incluir en su último auto una advertencia a las partes sobre la necesidad de evitar "dilaciones" innecesarias y resalta el principio de "celeridad" que ha de regir la investigación, una fase que en otros importantes casos se ha extendido durante muchos años.

El asunto más reciente que ha disparado las críticas al sistema judicial es el caso Alhambra, pendiente aún de sentencia después de 13 años desde la apertura de diligencias por parte de un juzgado granadino. Aunque esta resolución se está haciendo esperar (ya ha transcurrido más de un año desde que terminó el juicio), la mayor parte de los letrados o cargos judiciales que estos días se han manifestado al respecto han incidido especialmente en los retrasos en la fase de instrucción, que en ese caso se alargó durante una década. En ese periodo inicial, el juez ordena practicar una serie de diligencias de investigación, ya sea periciales, policiales o testificales. Las diferentes partes pueden proponer que se hagan determinadas pesquisas o incluso recurrir las decisiones que se van adoptando.

En el caso Nazarí, donde se investiga desde 2016 al entonces alcalde, José Torres Hurtado, y buena parte de la cúpula de gobierno y funcionarial del Ayuntamiento de Granada por una presunta trama de corrupción, la juez encargada de la instrucción, María Ángeles Jiménez, ha rechazado la práctica de muchas diligencias que han solicitado las partes en este tiempo. Sus argumentos suelen estar encabezados por "el principio de celeridad, caracterizador del procedimiento abreviado".

El pasado 10 de enero firmó un auto en el que se mostró muy taxativa en este aspecto y además hizo alusión también al caso Serrallo, el otro asunto importante que también investiga su juzgado y en el que se imputan delitos relacionados con la corrupción a las mismas personas que están involucradas en la causa Nazarí. Es el caso del exalcalde, su concejal Isabel Nieto, el que fue gerente de Urbanismo, Manuel Lorente o el empresario de la construcción Roberto García Arrabal.

Pero en este asunto, además están siendo investigados los concejales del PP que formaban parte de la junta de gobierno en 2012. Algunos de ellos siguen en el Ayuntamiento, con una posición política debilitada por su imputación judicial, de modo que cobra especial importancia que el caso se resuelva con celeridad.

Aunque los más perjudicados por las demoras puedan ser los propios investigados, en estas dos causas judiciales han sido sus propias defensas las que constantemente han solicitado a la juez que ordene una serie de diligencias de investigación que esta magistrada ha rechazado por considerarlas innecesarias en esta fase del procedimiento.

En particular, el auto del pasado 10 de enero rechaza la petición de Nieto, Lorente y otros funcionarios municipales para que el Juzgado reclame al Ayuntamiento más expedientes en los que se podrían haber cometido irregularidades como las que se le atribuyen a ellos en la causa Nazarí. Corresponden a decisiones adoptadas en Urbanismo durante el actual mandato socialista. La defensa de la exedil puso de manifiesto al Juzgado que el Ayuntamiento habría concedido licencia de apertura al hotel de la plaza Isabel la Católica, a pesar de contar con un problema de alturas similar al que se produjo en el edificio residencia de Torres Hurtado y Nieto, que es objeto de una de las partes de la investigación nazarí.

La magistrada, en la misma línea de lo expresado unos días antes por la fiscal del caso, rechaza pedir al Ayuntamiento todos esos nuevos expedientes "porque no se explica ni se justifican tales peticiones". Argumenta que hay "evidentes razones prácticas" para esta decisión. Esos hechos que se denuncian no están relacionados con esta investigación, que en palabras de la representante del Ministerio Público, no puede ser "universal". Sostiene que su inclusión solo podría aportar "confusión". La fiscal y la jueza apuntan también que la existencia de irregularidades similares "no pueden ser usadas en la presente causa como justificación o excusa para obtener una posible impunidad, argumentando el ser la forma de desenvolverse en Urbanismo".

La juez Jiménez le recuerda a la defensa que el instructor no está obligado a practicar todas las diligencias que las partes propongan y que ha de "repeler" las que considere "inútiles o perjudiciales", porque el investigado no sólo puede proponer pruebas, sino que tiene derecho a "un proceso sin dilaciones indebidas" y que se tengan en cuenta "los principios de celeridad, eficacia o economía procesal".

La magistrada saca a colación en este auto el caso Serrallo por una "petición similar" realizada por la defensa de García Arrabal el año pasado. El empresario reclamó que se pidieran todos los expedientes municipales relacionados con sanciones a sus empresas. Al ser rechazado por la juez, el promotor alegó a la Audiencia, que confirmó la forma de proceder de la magistrada instructora y recriminó al investigado una petición tan compleja y sin apariencia de ser reveladora. La juez Jiménez le recuerda ahora al letrado de Nieto ese rechazo por parte de la Audiencia, dado que en los últimos meses esa misma parte ha presentado diferentes y variadas peticiones de ese tipo que han sido desestimadas cada vez, tanto en el caso Serrallo como Nazarí.