La funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante ha negado este martes que ella introdujera las dos cláusulas en el concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla que favorecían a Sando, ya que, según ha explicado en el juicio, no intervino en la elaboración del pliego de condiciones pero sí en la valoración de las ofertas presentadas, aspecto en el que ha rechazado tajantemente haber recibido "indicaciones" sobre cómo debía puntuar las ofertas.

María Victoria Bustamante, que es la única de los diez acusados que están siendo juzgados por un delito de fraude y exacciones ilegales por el que se enfrentan a dos años de cárcel, ha reconocido que siendo consejera de Mercasevilla –asumió el cargo en la primavera de 2005- el entonces director general de la lonja, Fernando Mellet, le solicitó un informe sobre la viabilidad de la venta de los terrenos de Mercasevilla y ella recomendó la "subasta", aunque finalmente la forma elegida del concurso público le pareció bien para lo que pretendía la empresa, que consistía en un "traslado ordenado" de la unidad alimentaria a Majarabique y garantizar el "apoyo técnico" de la operación.

Posteriormente, a principios de octubre de 2005 mantuvo una reunión con Fernando Mellet, a la que también asistieron el concejal Gonzalo Crespo y el asesor jurídico de la lonja Jorge Piñero, en la que le comentaron que le habían "encargado" a este último la elaboración del pliego de condiciones para el concurso. "A mí no se me encargó el pliego, sólo se me pidió que facilitar un modelo de pliego administrativo", ha aseverado Bustamante, que ha añadido que ante esta petición envió dos modelos de pliego y un borrador de pliego para una subasta.

En cualquier caso, la funcionaria de Urbanismo, que ha desligado su trabajo del que realizaba el entonces director de área de Vía Pública y también acusado Domingo Enrique Castaño, se ha desmarcado de la redacción e inclusión en el pliego de las polémicas cláusulas de limitación al alza –que penalizaba aquellas ofertas que superaran en un 10% la media de la totalidad de las ofertas presentadas- y la de titularidades previas –que valoraba aquellos derechos de superficie que ya tuvieran los ofertantes sobre algún suelo del mercado-. "No incluí las cláusulas de limitación al alza y de titularidades previas, y sí puse que debían describir las cargas de la finca", ha dicho la funcionaria, que ha insistido en que no se considera autora del pliego de condiciones ni responsable de negociarlo.

La funcionaria también ha calificado de "rotundamente falso" las declaraciones de funcionarios municipales, en concreto del secretario y del interventor, respecto a que la elaboración del pliego se lo encargó a ella Domingo Enrique Castaño.

En la octava sesión del juicio, Bustamante ha señalado que el 10 de noviembre de 2005 Mellet le telefoneó para comentarle que le iba a enviar el "borrador aprobado" del pliego en la reunión de la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla que había tenido lugar dos días antes, el 8 de noviembre, y ella se limitó a devolverle el pliego con el cuadro de "características generales", un resumen del pliego.

Fue en ese momento cuando la funcionaria vio que se habían incluido las dos cláusulas en el pliego, si bien ha dicho que "no le parecieron ilegales" dichas cláusulas que habían sido introducidas en el mismo. Bustamante ha indicado que cree que Mellet le comentó que la limitación al alza se metió para "evitar la especulación urbanística", recordándole lo que había sucedido con las cocheras de Tussam, y respecto a la de titularidades previas era "normal" que se dieran méritos a la empresa que poseía ya algún derecho.

En cuanto a la valoración de las ocho ofertas que se presentaron al concurso, Bustamante ha defendido el trabajo que realizó. "Nadie en absoluto me hizo indicación de cómo valorar el pliego" y la apertura de los sobres en la mesa de contratación se desarrolló con "total normalidad". Esta acusada se ha ratificado además en que "Noga no era la mejor oferta", a pesar de que económicamente era la que ofreció el mejor precio para la opción de compra de los suelos, 158 millones, frente a los 106 millones que había ofrecido Sanma.