La Corte Penal Internacional en La Haya (CPI) pidió ayer la captura del presidente de Sudán, Omar al Bachir, por su presunta implicación en crímenes de guerra y de lesa humanidad perpetrados en la convulsa región de Darfur.

La histórica decisión, que convierte a Al Bachir en el primer presidente buscado por la CPI, fue saludada por organizaciones humanitarias y rechazada por el Gobierno sudanés, que denunció una "conspiración europea-estadounidense".

El tribunal de la ONU siguió así siete de los diez cargos incluidos en la orden de detención pedida en julio de 2008 por el fiscal general Luis Moreno Ocampo, entre los que se encuentran asesinato, violación, tortura y vinculación con ataques militares contra la población civil.

Por el contrario, los tres jueces de la corte desestimaron la acusación de genocidio contra Al Bachir por considerar que la Fiscalía no había logrado demostrar de forma inequívoca ese extremo, explicó la administradora jurídica del órgano, Silvana Arbia.

Con todo, la orden de detención podría ampliarse con esta acusación si se presentan nuevas pruebas.

Moreno Ocampo aseguró tener "un caso fuerte" contra Al Bachir y afirmó que todas las acusaciones son demostrables. El fiscal argentino añadió que cuenta con 30 testigos que pueden relacionar al mandatario con la organización de crímenes contra la población civil en Darfur.

Por su parte, el presidente ya dejó bien claro lo que piensa de la orden de captura: "¡Se la pueden meter donde mejor les quepa!", bramó ante una multitud que se manifestaba en su apoyo casi al mismo tiempo en que la corte daba a conocer su decisión.

Pero no parece que el problema pueda desaparecer de una forma tan sencillo. Junto con el pedido de captura, la CPI reclamó al Gobierno en Jartum que Al Bachir sea extraditado a La Haya. De no cumplir el requerimiento, el caso sería elevado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Ante esas condiciones, el caso Bachir puede alcanzar las dimensiones de un conflicto internacional, con todas las consecuencias añadidas que temen cooperantes, diplomáticos y las tropas de paz de la ONU y la Unión Africana (UA) en Sudán.

Nadie cree que el mandatario se someta por propia voluntad a una prisión preventiva en el barrio Scheveningen de La Haya, donde podría ser vecino del ex general serbobosnio Radovan Karadzic o el ex dictador liberiano Charles Taylor.

A fin de cuentas, Al Bachir cuenta con el apoyo del poderoso aparato estatal. "A aquel que intente cumplir la orden de captura le cortaremos las extremidades", amenazó ayer en Jartum el jefe de los servicios secretos, Salah Gosh.

Pero el presidente sigue teniendo sobre todo muchos aliados en el extranjero: el Gobierno de Libia, que preside actualmente la UA, advirtió que hasta 37 países, sobre todo africanos y musulmanes, podrían dejar de reconocer a la CPI por su persecución al sudanés.

En ese caso, el asunto podría llegar antes o después al Consejo de Seguridad de la ONU en Nueva York. Sudán puede fiarse allí de Pekín, un poderoso aliado. En los últimos años, ningún país ha sabido aprovechar intereses económicos en África tanto como China, que tiene invertidos en Sudán miles de millones para comenzar a explotar las formidables reservas petroleras del país.

Según el Estatuto de Roma, en el que se basa la CPI, el Consejo de Seguridad puede suspender la orden de detención por un año, medida sujeta a sucesivas postergaciones. China y Rusia estarían dispuestas a hacerlo, pero las otras potencias con poder de veto (EEUU, Francia y el Reino Unido) lo rechazan.

Tampoco está claro si los países de la UA que hasta ahora hicieron lobby por postergar la detención siguen respondiendo a Al Bachir: "Muchos, sin duda, comprendieron que la orden de perseguir al hombre más poderoso del país más grande de África contó con el apoyo del nuevo gobierno en Washington", sugiere un diplomático en La Haya. "Es evidente que el presidente Barack Obama está detrás de la decisión". Por ello, varios analistas ven probable que tras una señal unívoca de La Haya, los aliados de Al Bachir comiencen a abandonarlo.