Un juez argentino ordenó hoy la detención del ex dictador Jorge Videla por una causa que investiga delitos de lesa humanidad durante el último gobierno militar (1976-1983), informaron fuentes judiciales.

La decisión del juez federal Daniel Rafecas fue adoptada en el marco del expediente conocido como "Primer Cuerpo del Ejército", una de las "megacausas" abiertas por la Justicia desde que en 2003 se anularon las "leyes del perdón" a represores de la dictadura. El magistrado dispuso la detención del ex presidente después de que éste se negara a declarar en la causa, destacaron los portavoces.

Rafecas investiga a Videla, que gobernó el país entre 1976 y 1981, por su participación en 570 secuestros, 270 casos de torturas y 29 homicidios, añadieron. Al ser la mayoría de ellos hechos constitutivos de delitos de lesa humanidad, no prescriben pese a que han pasado casi 30 años.

Además, el ex jefe de la Armada Rubén Franco y otros once ex oficiales de esa fuerza también fueron procesados por delitos cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde funcionó la mayor cárcel clandestina durante la dictadura, por decisión del juez federal Sergio Torres. Todos ellos fueron acusados de violaciones a los Derechos Humanos y sus bienes fueron embargados hasta cubrir los 370 millones de pesos (71 millones de euros).

Jorge Videla está procesado y cumple arresto domiciliario por otras dos causas: el robo de bebés, hijos de desaparecidos alojados en centros clandestinos de detención, y por su participación en el "Plan Cóndor", como se denominó a la coordinación de la represión por los regímenes militares del Cono Sur americano en las décadas de 1970 y 1980. El ex dictador, de 82 años, cumple prisión domiciliaria en virtud de que las leyes argentinas otorgan ese beneficio a los mayores de 70 años.

En julio del año pasado, la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucionales los indultos concedidos en 1989 y 1990 por el ex presidente Carlos Menem a los represores del último gobierno de facto, entre ellos Videla. Según datos oficiales, 18.000 personas desaparecieron durante la última dictadura, aunque los organismos de derechos humanos elevan la cifra a 30.000.