El año 2009 fue el más sangriento para la población civil de Afganistán desde la caída del régimen talibán, con 2.412 muertos según datos ofrecidos este miércoles por la ONU, que alertó de que el conflicto se ha intensificado y expandido a zonas antes relativamente seguras.

La misión de la ONU en Afganistán (UNAMA) difundió un informe en el que cifró en 2.412 los civiles fallecidos por el conflicto el año pasado, lo que supone un aumento del 14 por ciento respecto a 2008, y responsabilizó a los insurgentes por la mayoría de las muertes.

"El 2009 fue el peor año en los últimos tiempos para los civiles afectados por el conflicto armado. La UNAMA-HR (Derechos Humanos) registró el mayor número de víctimas civiles desde la caída del régimen talibán" en 2001, afirmó la organización en el informe.

Según el informe, un total de 5.978 personas murieron o resultaron heridas en 2009.

El 67 por ciento de las muertes (1.630) se debieron a acciones de "elementos antigubernamentales", mientras las fuerzas afganas e internacionales acabaron con las vidas de 596 personas (25 por ciento) y otras 186 muertes quedaron sin atribuir.

Las muertes causadas por los insurgentes aumentaron un 40 por ciento respecto al año 2008. En este grupo, la mayoría de los fallecidos (1.057) murieron en ataques suicidas o con explosivos, y otros 225 fueron víctimas de asesinatos selectivos y ejecuciones.

Bajaron sin embargo un 28 por ciento respecto a 2008 las muertes de civiles atribuidas al Ejército afgano y las tropas extranjeras, según la UNAMA, gracias a las medidas tomadas para realizar operaciones de forma que "se reduzcan los riesgos para los civiles".

"Las fuerzas militares internacionales -observó la UNAMA- dieron pasos estratégicos y específicos para minimizar las bajas civiles en 2009. El cambio en el mando de la ISAF, unas estructuras de mando más claras y una nueva dirección táctica han ayudado en los esfuerzos" por reducir las bajas civiles.

Al igual que en 2008, la mayoría de las muertes en este grupo -un 60 por ciento- tuvieron como causa los ataques aéreos, según la organización, que criticó esa táctica de combate y también la localización de bases militares cerca de áreas ocupadas por la población civil.

"La localización y proximidad de esas bases a los civiles tienen el riesgo de incrementar los peligros que afrontan los civiles, porque esas instalaciones son a menudo objetivo de la oposición armada", detalló la UNAMA.

La organización destacó que muchos afganos afectados por el conflicto han sufrido daños en sus propiedades y bienes, han perdido su medio de sustento o se han visto obligados a desplazarse por la situación de seguridad, que ha continuado deteriorándose este año.

El 45 por ciento de las bajas civiles ocurrieron en el sur del país, por delante de las regiones del sureste (15 por ciento), este (10 por ciento), centro (10 por ciento) y oeste (8 por ciento), los núcleos tradicionales de los insurgentes.

La UNAMA, sin embargo, alertó de que el conflicto se ha intensificado y expandido a áreas que antes eran tenidas por "relativamente seguras", como la norteña provincia de Kunduz, escenario de un sangriento bombardeo de la ISAF en septiembre pasado.

Los talibanes mantienen ya una presencia "intensa" en el 80 por ciento de Afganistán, según datos del instituto ICOS, y el uso que estos hacen de "tácticas asimétricas" es para la UNAMA un factor significativo en el aumento del número de bajas civiles.

Fruto del incremento de las acciones talibanes, el fue también el más sangriento para las tropas internacionales desplegadas en el país, con 520 fallecidos, frente a los 295 muertos de 2008, según datos del portal web icasualties.org.

En el país había desplegados unos 100.000 soldados extranjeros a finales de año, pero el deterioro de la situación de seguridad llevó a Estados Unidos y a sus aliados de la OTAN a anunciar en diciembre el envío de unos 37.000 militares de refuerzo.

Como ya hizo en 2008, la UNAMA pidió a las partes en conflicto que respeten las obligaciones de las leyes humanitarias internacionales y de derechos humanos para minimizar el impacto del conflicto sobre la población civil.