La batalla sobre el veto migratorio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llega esta semana al Tribunal Supremo, que tendrá que decidir si el mandatario se extralimitó en sus poderes y si trató de discriminar a los ciudadanos de países musulmanes.

El miércoles el Tribunal Supremo celebrará una audiencia para estudiar el caso, aunque no emitirá una sentencia hasta junio.

En cuestión está la legalidad de la tercera versión del veto migratorio, diseñado para obstaculizar indefinidamente la entrada a Estados Unidos de los nacionales de seis países de mayoría musulmana (Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y el Yemen) y que incluye restricciones para los ciudadanos de Venezuela y Corea del Norte.

Solo una semana después de llegar al poder, Trump proclamó mediante un decreto su primer veto, bajo el título Protegiendo a la nación de la entrada de terroristas extranjeros. La norma entró en vigor de manera inmediata y desató el caos: 700 viajeros fueron detenidos en los aeropuertos y 60.000 visados fueron revocados temporalmente.

Trump proclamó el 6 de marzo de 2017 una nueva versión, que fijaba una restricción de 120 días para los refugiados y de 90 días para los nacionales de seis países (Irán, Somalia, Sudán, Siria, el Yemen y Libia).

Tras varios reveses judiciales, ese veto pudo entrar en vigor gracias al Tribunal Supremo, que permitió al Gobierno restringir el ingreso de aquellos que no tenían familia cercana en Estados Unidos.

Las restricciones eran temporales y, cuando expiraron en septiembre de 2017, Trump proclamó su tercer veto.