Tras la orden de detención contra el presidente sudanés, Omar al Bachir, muchos mandatarios africanos se encuentran entre la espada y la pared. Unos 30 Estados del continente reconocen la competencia de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, al contrario que la cúpula de Sudán. Si Al Bachir los visitara, estos países estarían obligados a detenerlo en lugar de recibirlo como a un jefe de Estado. Y esto, para muchos, resultaría difícil.

"Nadie dice que Al Bachir sea inocente", señaló por ejemplo el ministro keniano de Exteriores, Moses Wetangula, en una primera reacción. Pero tampoco quiere entregar a un jefe de Estado africano al tribunal de La Haya. El gesto sería inédito. Aunque África tiene una larga tradición de dictadores, golpistas y regímenes asesinos, incluso éstos pueden vivir tranquilos si no son sangrientamente derrocados o asesinados de forma violenta.

Así, el ugandés Idi Amin, el carnicero de África, murió en 2003 exiliado en Arabia Saudí. Mobutu Sese Seko, que erigió un régimen totalitario en el entonces Zaire (República Democrática del Congo) y se hizo con sumas millonarias, falleció de cáncer en 1997 con toda su opulencia en Marruecos.

Siad Barre, el dictador somalí derrocado en 1991, dejó un país empobrecido y sumido en el caos y perdió la vida en 1995 en Nigeria. El ex dictador etíope Mengistu Haile Mariam, que el año pasado fue condenado a muerte en ausencia por genocidio, vive impune desde hace años en Zimbabue. Y su anfitrión Robert Mugabe, a quien no se lo conoce precisamente por defender los derechos humanos, tampoco tiene ninguna intención de entregar a Al Bachir, siguiendo así lo anunciado por los gobiernos de los países mencionados.

En este sentido, la solidaridad con Al Bachir se enmarcaría dentro de la tradición. Pero también están en juego los propios intereses. Algunos jefes de Estado africanos han utilizado métodos para acceder al poder -o los utilizan una vez en él- que podrían despertar las sospechas del fiscal jefe de la CPI, Luis Moreno-Ocampo. Nadie quiere ser el siguiente, y por eso critican al tribunal de unilateral por perseguir sólo a sospechosos africanos.

Sin embargo, oficialmente el rechazo a la orden de detención contra Al Bachir se debe sobre todo a las consecuencias que esto podría tener en el proceso de paz en Darfur. "La búsqueda de la Justicia debe ser perseguida sin perjuicio del fomento de la paz", advirtió Jean Ping, presidente del comité de la Unión Africana (UA).

El ghanés Emile Short, juez del Tribunal Internacional de la ONU para Ruanda, ubicado en Arusha (Tanzania), sostiene, por el contrario, que "la paz todavía no ha llegado. Y ahora uno no la puede poner por delante para obstaculizar a la Justicia".

Para el arzobispo surafricano y premio Nobel de la Paz Desmond Tutu, se trata de hipocresía. "Ya que las víctimas de Sudán son africanas, los líderes africanos deberían ser quienes más apoyaran los esfuerzos en busca de responsabilidades", dijo a la agencia católica CISA. "Y en lugar de eso respaldan a un hombre que ha convertido esa parte de África en un cementerio".