Estamos ante una realidad innegable: Los indicadores de recuperación económica no tienen en cuenta a las personas. A consecuencia de la reforma laboral del PP, el recorte de derechos y los copagos impuestos por el Gobierno de Rajoy, cada vez hay más trabajadores pobres, personas que teniendo ingresos no pueden llegar a fin de mes, una situación a la que se suman los casi 60.000 desempleados de la provincia, 20.000 en la capital. Las cifras son inadmisibles dentro de cualquier programa estatal para cumplir con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que marca como objetivo el empleo digno en el crecimiento económico. Casi 13 millones de españoles viven en riesgo de pobreza y exclusión social y, aunque somos la quinta mayor economía de los 28 países de la UE y la decimocuarta en la lista de potencias económicas del mundo, hay más de 3,4 millones de desempleados y trabajadores con una precariedad laboral alarmante. Ejemplo de ello son los trabajadores del servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Almería, cuyas condiciones laborales, impuestas por el PP, no les permiten cobrar más de 800 euros al mes y la mayoría no alcanza ni de lejos esa cantidad porque, a duras penas, logra realizar unas pocas horas a la semana. 520 trabajadores, el 95 por ciento mujeres, que atienden a 1.500 usuarios. Gracias a una moción del PSOE, aprobada el pasado viernes por unanimidad en el pleno, el Ayuntamiento aplicará medidas para evitar esa precariedad laboral y una subida salarial de 50 euros mensuales en los próximos cuatro años hasta que consigan los 1.000 euros a jornada completa.El PP en el Ayuntamiento también mantiene a los jardineros municipales en una situación parecida. Si bien al comenzar la crisis solidariamente decidieron bajarse el sueldo un 12 por ciento para evitar despidos, las promesas del PP de volver a la situación inicial una vez ésta finalizara, no se han cumplido. A la vista de la situación el PP debería implantar en España y en aquellas ciudades donde gobierna las directrices que marca la ONU para que no salgan de la crisis solo unos pocos, y aplicar esta hoja de ruta social que constituye la Agenda 2030 para garantizar el bienestar de las personas y caminar hacia un modelo de desarrollo más inclusivo y sostenible, donde se atiendan los problemas de mayor urgencia de la ciudadanía y se tengan en cuenta los derechos de los colectivos más vulnerables, especialmente de la infancia y de las mujeres.