EL escándalo sobre la situación del patrimonio en nuestra provincia no puede ocultarse por más tiempo. Mañana mismo, un centenar de personas, van a señalar, con banderas negras, algunos lugares donde el abandono, la falta de escrúpulos o la indignidad se expresa, como ya se hizo en la irredenta ciudad de Almería. Esta vez será en El Algarrobico, donde el paisaje aún sufre las más duras heridas; en la Torre de los Alumbres de Rodalquilar y, en el lugar de Bodas de Sangre, un Cortijo del Fraile ya venido abajo, agonizante y a punto de su defunción, donde la Junta ha puesto todo su empeño para propiciar el derrumbe y el llanto.

Llegan estas banderas, además, en un momento álgido de agitación e indignación, por la actitud que se viene manteniendo desde la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Almería sobre el templo de Olula del Río, una joya excepcional del neoclasicismo, para el que la representante de aquella casa y, algún técnico inepto, poco dados a la lectura de la documentación publicada, se niegan a su valoración máxima; convirtiéndose quienes están llamados a su defensa más alta, en su mayor peligro.

Tal defensa y valoración del legado histórico y cultural no admite tibieza, turbiedad, ni medias tintas. La persona que represente a la Junta en la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía en Almería, sea quien sea, no puede convertirse en un peligro público del legado histórico-artístico, que obstaculice o ponga toda clase de trabas a la mayor dignificación de nuestros monumentos, desde la más absoluta ignorancia, o alimentada con informes que denoten una escandalosa falta de rigor e información.

Lo que viene ocurriendo con la Iglesia de San Sebastián de Olula del Río es de una gravedad, que llena de estupor al mundo académico, a sectores de la cultura y a personas con sensibilidad, que asisten, horrorizados, a la terca negativa de dicha Delegación, para pedir la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), es decir, la máxima protección, a un templo único en su género, diseñado por Ventura Rodríguez, sin lugar a dudas el más importante arquitecto español del siglo XVIII.

Y, todo ello, a pesar de la expresa petición de la primera autoridad en patrimonio, que es la Real Academia de San Fernando; después de la impresionante publicación de Antonio Gil Albarracín, con una apabullante documentación y con argumentos de enorme solidez; o tras las reuniones mantenidas con la Delegada, y las peticiones verbales y por escrito a lo largo de tres años.

El escándalo agita sus banderas negras sobre un maltrecho patrimonio.