LA reunión informal del Consejo Europeo de la UE celebrada en Bruselas el 1 de marzo fue convocada para evaluar las medidas que están tomando los diversos gobiernos para superar la crisis financiera e impulsar el relanzamiento económico. Aunque se presentó como una reunión de rutina, ha respondido a indicios de descoordinación importantes.

Los miembros del Consejo Europeo estuvieron de acuerdo en reforzar la confianza y fomentar la estabilidad financiera, reconducir la economía real y colaborar a nivel internacional, reconociendo que es fundamental desbloquear el flujo del crédito y abordar el problema de los activos bancarios deteriorados.

En el comunicado conjunto dado por el presidente del Consejo y el presidente de la Comisión Europea se reafirmó que el proteccionismo no es la respuesta a la crisis.

Concluyeron, asimismo, que las decisiones de la UE han de reflejarse debidamente a escala internacional, por lo que reiteraron la importancia de la Cumbre del G-20 que se celebrará el 2 de abril en Londres.

La Comisión ha solicitado a los líderes de la UE que se pongan de acuerdo en una serie de ámbitos en los que Europa puede y debe mostrar un claro liderazgo. Se reafirmó que todos los mercados financieros tienen que estar sujetos a la apropiada supervisión, sin excepciones, independientemente del país de domicilio. También los países europeos desean acciones definitivas contra los paraísos fiscales. Y en cuanto a las medidas prácticas, defenderán duplicar los fondos del FMI para ayudar a los países con problemas en sus balanzas de pago.

Según la Comisión, la UE debería impulsar la cooperación en la supervisión internacional y reformar el FMI y el Banco Mundial.

Estos son los principios esenciales de la posición de Europa en la reunión que se celebrará en Londres, en el seno del G-20 ampliado. Están por ver las estructuras institucionales que pueden surgir, a nivel internacional, para hacer posible esta desiderata que, lógicamente, tendrá que concordarse con el resto de países participantes, incluido Estados Unidos.

Lo más trascendente es que Europa hable con una sola voz, independientemente de los países que la representen en la reunión. Éste es uno de los desafíos mayores que tiene planteados la UE: conseguir incluir entre las competencias plenas de la UE los asuntos de política exterior, en todas sus vertientes. Europa ha de ser un interlocutor único en todos los organismos internacionales. Habrá que dar un nuevo paso para superar los nacionalismos y las soberanías.

La cumbre europea ha tenido también una dimensión de cara a los propios desafíos en el interior. No pueden ser creíbles las propuestas que la UE piensa presentar en la reunión de Londres del G-20 si esos mismos principios no se hacen realidad en las políticas cotidianas en el seno de la UE. Así, sería muy de desear que se pusiera en marcha un sistema de supervisión financiero integrado europeo, como han propuesto un grupo de expertos.

También se ha de ratificar en la práctica, de forma clara y evidente, el compromiso de cumplir el Pacto de Estabilidad, que exige un control del gasto público y del déficit. Es un mensaje imperativo a la disciplina de todos los gobiernos, incluido el de España, que se desliza en el plano inclinado de un déficit preocupante.

Hay síntomas más que alarmantes de la dispersión de medidas que están tomando los países de la UE para afrontar la crisis. Hay diferencias no explicables en el seno de los países de la Zona Euro y una falta de previsiones y de solidaridad para apoyar a los países más pobres, especialmente los de la Europa del Este.

La decisión, de finales del mes de febrero, del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), junto con el Banco Mundial, de destinar 24.500 millones de euros para refinanciar a las entidades financieras del Centro y Este de Europa va en la buena dirección, pero son necesarias otras medidas complementarias.

Los jefes de Estado y de Gobierno han de ser claros ante la tentación proteccionista. No bastan declaraciones. Las políticas que se imponen han de ser concordantes. Las políticas de Francia, Alemania y España en relación a los fabricantes de coches no han dejado de alarmar al resto de países y, muy especialmente, al primer ministro checo, que ve estas medidas como un claro ataque a las normas que rigen la competencia y las ayudas de Estado en la UE. La Comisión Europea se ha comprometido a vigilar de cerca estas decisiones.

Todo es muy complejo, pero los nacionalismos políticos y económicos, hoy como ayer, llevan a Europa al precipicio.