Gobierno en prácticas

El culpable del drama de las autoescuelas es el PP y su incapacidad para resolver, en seis meses, un problema

La nefata gestión del Partido Popular al frente del Gobierno de la nación está teniendo unas consecuencias catastróficas sobre la población ya que ataca, directamente, a las personas. Si hace unos días nos referíamos al drama que vivían las 1.600 familias almerienses afectadas por la inversión en fotovoltaica, ahora tenemos que reflejar la tragedia de las otras 600 que viven del sector de las autoescuelas. Se trata de pymes que, en muchos casos, han tenido que personal ante la imposibilidad de hacer frente a los gastos. Calculan que han sufrido pérdidas aproximadas al millón de euros.

El culpable, el PP y su incapacidad para resolver un problema que se demora ya durante seis meses. En junio, examinadores y examinadoras de Tráfico iniciaron una huelga para reivindicar mejoras laborales ejerciendo un derecho legítimo. Los funcionarios y funcionarias solicitan un incremento en la plantilla y un complemento específico basado en la singularidad de su trabajo y en el riesgo que asumen. Desde que entró el PP en el Gobierno, la plantilla de examinadores en Andalucía se ha reducido un 20% y esa escasez de funcionarios supone un grave perjuicio al colectivo y a la ciudadanía porque el Gobierno del PP está dejando de percibir 15 millones de euros en tasas de examen. En Almería se han dejado de realizar 2.500 pruebas por la huelga y eso supone que, en muchos casos, se ha dejado de optar a un trabajo para el que era indispensable disponer del carné.

Los socialistas nos hemos reunido con el sector, hemos visitado a los representantes de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Almería, Asoproal, que están en huelga de hambre y les hemos anunciado que llevaremos a cabo iniciativas en todas las instituciones en las que tenemos representación. Y ya lo estamos haciendo. Este mes, propondremos mociones en las que instamos al PP a que resuelva el conflicto de los examinadores, a que ponga en marcha medidas extraordinarias para poner al día los exámenes que se han dejado de hacer, a que aumente la plantilla de examinadores y a que cumpla el compromiso que adquirió con estos funcionarios en 2015, además de abrir una mesa de diálogo que acuerde medidas fiscales para analizar las pérdidas que ha sufrido el sector desde junio. De momento, los implicados sólo han recibido el menosprecio de su Gobierno que se ha colgado su 'L' demostrando que está permanentemente en prácticas.

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