La esquina

José Aguilar

jaguilar@grupojoly.com

La Justicia sí funciona

La política del PP ante el caso Gürtel ha sido negar la realidad: que se financió durante años a base de "mordidas"

Que el Partido Popular vaya a ser juzgado como persona jurídica por haber destruido los ordenadores de su ex tesorero Luis Bárcenas revela dos cosas. Una, que la sombra de la corrupción no se evapora con sólo negarla sin asumir responsabilidades por ella. Dos, que en España la Justicia funciona, hay separación de poderes y nadie escapa indemne cuando se salta la ley.

La política del PP ante el estallido de sus escándalos de corrupción -Gürtel y lo que no es Gürtel- ha consistido básicamente en la negación de la realidad más elemental: que se estuvo financiando durante muchos años mediante un sistema de "mordidas" a empresas a las que beneficiaba con concesiones y contratos adjudicados por las administraciones que gobernaba. Como había hecho el PSOE con Filesa, la trama desvelada por el despecho de un empleado. También allí algunos fontaneros de la extorsión aprovecharon para hacerse ricos (como Bárcenas en el PP). Nada nuevo bajo el sol de partidos gobernantes en democracias caras. Igual que en Italia o Francia.

Rajoy creyó que endosando los delitos a individuos concretos -a los que sistemáticamente se defendía y apoyaba hasta el último minuto- y promoviendo varias reformas anticorrupción pasaría de él ese cáliz. Lo creyó más cuando los ciudadanos no le hicieron pagar la corrupción en las urnas (en realidad, sí hubo factura, pero no tanta como para llevarle a perder el poder). No contaba con que la Justicia es lenta, pero inexorable, e interferible solamente a medias.

Por eso la Audiencia Provincial de Madrid confirmó el procesamiento del PP por borrar las huellas de su financiación ilegal (caja B del partido, lista de donantes, recibos de pagos, agenda de reuniones... todo Bárcenas). Por eso el juicio de la trama Gürtel lleva 125 sesiones, desde octubre de 2016, y la Fiscalía sigue demandando que el PP devuelva 133.000 euros recibidos de las empresas de Francisco Correa. Por eso, en fin, están en la cárcel el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, ha estado el presidente de Baleares y ministro Jaume Matas, y han pasado por ella Ignacio González, Francisco Granados o el ex tesorero Bárcenas. Entre otros alcaldes y diputados del Partido Popular. Políticos presos por corruptos, no por sus ideas.

Lo mismo que los secesionistas catalanes, en prisión provisional por presuntas rebelión, malversación y desobediencia, no por ser independentistas ni por mentir tanto como hablar. La Justicia lo dictó.

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