LA Fiscalía de Cádiz ha descartado iniciar la revisión de la condena que pesa sobre el portuense Rafael Ricardi al considerar que fue sentenciado con toda regularidad por un delito de violación que le mantiene en prisión desde 1995. Ricardi había sido detenido en un contexto de grave alarma social originado por una oleada de violaciones en la comarca. Una de las víctimas le identificó por su voz y su rostro. No obstante, la Policía ha identificado meses atrás a dos delincuentes sexuales como los autores de las agresiones citadas, lo que ha llevado a la reapertura de los sumarios correspondientes a diez violaciones. En lo que se refiere a Ricardi, el Instituto de Toxicología no ha encontrado restos de su ADN en el semen rastreado en la ropa interior de la joven violada, a pesar de lo cual su caso no será sometido a revisión en virtud del citado testimonio que la Audiencia Provincial argumentó para condenarlo. Pensamos que, al igual que en los otros episodios, Rafael Ricardi merece también que su caso sea reexaminado a la luz de las nuevas indagaciones policiales, al tiempo que se reexamina su situación penitenciaria. Todo ello, sin prejuzgar su culpabilidad o inocencia, pero conscientes de que la Justicia ha de empeñarse al máximo en extremar su rigor para que ningún posible inocente vea cercenada la eventualidad de demostrar su inocencia gracias a las modernas tecnologías y la interposición de recursos en los momentos procesales adecuados. Los errores judiciales últimamente conocidos por la opinión pública, con gravísimas consecuencias en algunos casos, llevan a la ciudadanía a exigir más medios y mayor coordinación de los existentes al servicio del funcionamiento de uno de los poderes básicos del Estado, pero también la sospecha de que a veces la Justicia no se aplica con igualdad a todos los españoles, sino que se dan tratos inequitativos en función de la posición, las relaciones y la cultura de los inculpados. Esa sospecha debe ser eliminada. En el caso comentado, con la revisión.

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