EL Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Almería, que preside el juez Jesús Rivera, ha declarado nula la resolución de la Junta de Andalucía, (Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, que dirige Javier de las Nieves), que autorizaba a la compañía Endesa a colocar -de hecho la obra está terminada- una línea de alta tensión aérea entre Los Naranjos y Vera, afectando de forma directa a un centenar de fincas de los municipios de Antas, Turre, Los Gallardos y Mojácar. Especialmente dura es la imagen de una de las torretas, que la compañía ha instalado a unos 13 metros de distancia de la casa de una familia alemana, afincada en la zona. En su momento, la Plataforma Levante sin Cables libró una dura batalla contra la empresa eléctrica, apostando de forma clara por el soterramiento de los cables y así evitar el perjuicio para los propietarios. Las protestas constantes y prolongadas no sirvieron para nada. Al final, y tras la declaración de utilidad pública de la línea llevada a cabo por la Consejería de Innovación -en estricto cumplimiento de la Ley, señala el delegado- la obra se realizó. Ahora, el juez Jesús Rivera ha venido a dar la razón a los afectados, que siempre han entendido que la negativa de la compañía a soterrar los cables se debía al mayor coste de los trabajos (tres millones en superficie y hasta nueve si iban bajo tierra). Se recurra o no la sentencia por parte de la administración autonómica, lo cierto es que la decisión judicial sienta las bases de lo que deben ser en el futuro este tipo de proyectos. Hacerlos, por necesarios, sí; pero también con la correspondiente licencia de obra de los ayuntamientos y, lo que es más importante, atendiendo a las necesidades de todos. Está claro que la utilidad pública del proyecto es evidente, pero no lo es menos la necesidad de que por ello no se vean afectados otros ciudadanos de la comarca, como es el caso de la familia Schröder, que convive desde hace unos meses con una torreta eléctrica como vecina.