LA aparición de economías externas constituye uno de los argumentos que suele esgrimir la doctrina para justificar la intervención o regulación de los mercados por parte del sector público. Las industrias contaminantes que emiten gases tóxicos, el ruido molesto de un bar de copas, o los perjuicios de la venta ambulante en vecinos y comercio estable, serían ejemplos de economías externas. En efecto, en estos casos, una determinada actividad productiva puede perjudicar el interés general, y la administración debería "ampararnos".

Otro ejemplo más próximo se produciría con Medgaz, el consorcio formado por empresas multinacionales que actualmente construye un gasoducto entre Argelia y España. Al parecer, la ejecución de este proyecto puede estar generando un perjuicio a la colectividad, es decir, daños en el medioambiente, así como al sector pesquero. Postula la doctrina que cuando se producen deseconomías externas, los gobiernos disponen (deberían disponer) de mecanismos que permiten gravar el daño causado, trasfiriendo los perjuicios, en forma de beneficios, a la parte afectada. El mercado falla y el sector público corrige.

En Almería, este asunto empieza a inquietar. Nuestros armadores argumentan que el gasoducto les va a causar pérdidas irreparables a todo el sector, afectando a más de 1.800 familias.

Sin embargo, hasta el momento, no podemos constatar el calibre de los daños del gasoducto. Todo apunta a favor de las tesis que sostienen pescadores y movimientos ecologistas, pero.... El consorcio Medgaz, mientras tanto manifiesta su intención de negociar y, en su caso, indemnizar el presumible perjuicio que pudiera ocasionarse. Qué menos.

Pase lo que pase, parece poco adecuado, por no decir un despropósito, que un tema de esta envergadura deba dirimirse entre las dos partes en litigio, empresa y afectados directos (armadores y pescadores), cuando es la Administración quien, como ya he señalado, debería haber articulado, previamente, mecanismos que garanticen el equilibrio ante actuaciones generadoras de perjuicio.

¿Se trata de un asunto que implica sólo a particulares o afecta a toda la sociedad? ¿Su solución depende de la buena o mala voluntad de la empresa Medgaz? ¿No existen "instrumentos coercitivos" para intervenir en caso de desacuerdo?

Contamos con una Consejería de Agricultura y Pesca, y un Ministerio del Medioambiente, Medio Rural y Marino (¡qué nombre!). A ver qué pasa.