LA soberanía de España corresponde en exclusiva al conjunto de los españoles. No es troceable. No existe una soberanía de Cataluña. Ni el Gobierno ni el Parlamento pueden privar a los ciudadanos de toda España de su derecho inalienable a decidir su futuro para otorgárselo a los habitantes de un solo territorio. La Constitución lo prohíbe.

Esta barrera constitucional insalvable, teorizada en el Congreso por Rajoy, Rubalcaba y Díaz, es la que impidió ayer que triunfara la iniciativa del Parlamento de Cataluña, defendida con irregular solvencia por sus tres representantes y basada en una doble falacia: que la democracia consiste en oír a los ciudadanos y respetar su voluntad libremente expresada (consiste en eso, sí, siempre que se les pregunte lo que por ley se les puede preguntar) y que con diálogo y negociación se pueden superar todas las trabas legales que imponen el bloqueo actual (exigen dialogar tras haber decidido previamente que el referéndum independentista se hará, de todos modos, en noviembre y que las preguntas del mismo ya han sido formuladas).

Lo que me hace ser pesimista es que los argumentos de los constitucionalistas van más allá de la autorización o no para que la Generalitat convoque el referéndum. Supongamos por un momento que el Congreso, en vez de rechazar como hizo la proposición del Parlament catalán (con 25 de los diputados catalanes en contra y 22 a favor, por cierto), la hubiera aprobado. Supongamos que se autoriza a Artur Mas a hacer su consulta y supongamos que una mayoría de los catalanes vota a favor de un Estado independiente.

La hipótesis es irrealizable, pero démosla por buena. ¿Qué pasaría? Pues que o la Generalitat declara unilateralmente la independencia de Cataluña o promueve una reforma de la Constitución vigente y por el procedimiento vigente. Lo primero, no puedo ni pensarlo, aunque los amigos de Mas lo piensan, ya lo creo. Lo segundo exigiría que la Constitución reformada admitiera dos cosas: la no unidad de España y la capacidad de una parte (los ciudadanos catalanes) de decidir por el todo (los ciudadanos españoles). Eso no va a pasar, porque la misma mayoría que ayer rechazó el referéndum rechazará también entregar la soberanía que es de los españoles a una porción de los españoles.

De modo que no hay salida constitucional posible, ni con esta Constitución ni con la que pudiera sustituirla gracias al diálogo.