EL Ministerio de Administraciones Públicas ha concluido que el fichaje de David Taguas, que hasta hace tres semanas era director de la Oficina Económica de La Moncloa, por la Asociación de Empresas de Ámbito Nacional (Seopan) no conculca la ley de incompatibilidades de los altos cargos.

¿Reacción inmediata? Hay que cambiar urgentemente la ley, porque se trata de un caso de incompatibilidad de libro. Por lo menos, de incompatibilidad ética y estética, a las que debía responder la legislación si de veras persiguiera despejar las dudas sobre la confusión entre intereses públicos y privados. No lo digo sólo yo: el diputado socialista Manuel de la Rocha he pedido que si la ley permite lo de Taguas, lo que procede es reformar la ley.

Veamos. David Taguas conoció y participó durante su estancia en La Moncloa, a la vera de su asesorado Zapatero, en la toma de decisiones sobre grandes obras públicas, la actividad a la que se dedican las grandes constructoras agrupadas en Seopan para las que ahora va a trabajar. La razón esgrimida por la ministra de Administraciones Públicas para declarar la compatibilidad de Taguas es que la gestión de éste en La Moncloa afectaba a las empresas, sí, pero no a la asociación que las agrupa, que no tiene ánimo de lucro. Esto es lo que podríamos considerar un estricto acogimiento a la letra de la ley... vulnerando su espíritu, que de lo que trata es de evitar el tráfico de influencias y cortar esa práctica malsana de pasar del sector público al privado, y viceversa, aportando en cada uno de ellos todo el bagaje -bien remunerado- de conocimientos, contactos, simpatías, relaciones, predicamente e influjos.

Si uno no tiene muchas ganas de cabrearse resulta enternecedora la versión de que Seopan, antes que un lobby o grupo de presión con todos sus avíos, es una especie de oenegé de constructores sin fronteras, que no han contratado a Taguas para agradecerle los servicios prestados desde el Gobierno ni para utilizarlo como intermediario privilegiado en sus relaciones con el Ejecutivo en período de crisis del sector. Naturalmente, la ministra ha sacado a relucir otros casos de trasvase raudo del cargo público a la patronal concernida autorizados en la época del PP, pero ¿acaso que lo hayan hecho otros con anterioridad legitima la situación de Taguas?

Para que el hombre no se aflija por las críticas, la misma ley de manga ancha le permitirá sumar a los 300.000 euros anuales con que la Seopan no lucrativa retribuirá su labor la pensión pública de 6.500 euros brutos mensuales que durante año y medio le corresponden por haber cesado como asesor con rango de secretario de Estado. Ande yo caliente y ríase la gente, pensará.