Han pasado los días suficientes para hacer un análisis objetivo sobre la situación de los nacionalistas catalanes que, o están en prisión preventiva, o fugados en el extranjero. Advierto cierta condescendencia por parte de algunos sectores de la izquierda sobre el estado en el que se encuentran, como si no hubiera razón alguna para su procesamiento. Repasemos su comportamiento empezando por su posición de simples ciudadanos con derechos reconocidos por la legislación española. En España hay libertad para constituir partidos políticos de cualquier ideología, por supuesto con vocación republicana, nacionalista independentista o anarquista. Acogiéndose al art. 6 de la Constitución se forman los partidos Esquerra Republicana, JxCat y la CUP. Al amparo de la legislación española se presentan a las elecciones al Parlamento de Cataluña. Entre los tres grupos indicados no suman la mayoría de votos de los ciudadanos catalanes pero, aprovechando que la ley d´hont es la que se aplica en España consiguen una mayoría de escaños en el Parlamento catalán. Cada uno de los parlamentarios tiene derecho a percibir, con arreglo a lo establecido en el reglamento de la cámara, una asignación mensual entre los 4800euros, hasta los 10.903 de la presidenta, según categorías. Además los grupos perciben una cantidad proporcional al número de escaños obtenidos para gastos diversos. Hasta este punto todas las leyes del Ordenamiento Jurídico Español son acatadas sin ningún reparo y en base a ellas adquieren una posición que les permite gobernar en la comunidad autónoma de Cataluña para el desarrollo de las competencias que les han sido transferidas del Estado. Pues bien, una vez constituido el pleno de la cámara y de haber alcanzado una mayoría parlamentaria gracias a la Constitución y a la legislación española de la que se han servido sin rechistar para formar partidos políticos, presentarse a unas elecciones, cobrar generosos sueldos y formar gobierno, deciden utilizar el poder para violentar la propia Constitución. Por si su formación no alcanza a considerar la gravedad de sus propósitos, son advertidos por los letrados de la cámara de los delitos en los que pueden incurrir si los llevan a cabo. A pesar de todo ellos hacen caso omiso y declaran unilateralmente la independencia de Cataluña. Que su delito sea tipificado de rebelión será cuestionable, pero que han traicionado al Estado infringiendo las leyes de las que se han servido es evidente.