SEGÚN la Encuesta de Población Activa del INE, en el cuarto trimestre de 2001 se encontraban desempleadas en Andalucía 660.800 personas, lo que suponía un 22,34 por ciento de la población activa. En marzo del 2014, en mi tierra, Andalucía, se sigue con la misma tendencia, 1.074.385 personas paradas. La situación que reflejan estas cifras es muy negativa, puesto que dicha tasa de paro es la más alta de todas las regiones españolas, y con independencia de las cifras, detrás de ellas están andaluces y almerienses, con graves problemas para afrontar el día a día.

Los andaluces vienen confiando desde el primer gobierno autonómico en el PSOE-A y en sus gobiernos de coalición, confianza que se ha respondido con un resultado de 400.000 parados más en trece años, con las mayores tasas de desempleo por Comunidad Autónoma. Pero igual de preocupante es la situación que se vive en la provincia de Almería, donde desgraciadamente se sigue manteniendo la misma tendencia de paro alcista, con titulares que caen como una losa, "sube el paro en Andalucía y sube en Almería". Y mientras, desde el Gobierno Andaluz, el auténtico competente en materia de empleo, argumentan que la culpa de esta situación es del Gobierno de la Nación. ¿Es que nadie se da cuenta que mientras en el resto de España disminuye el paro y se obtiene el mejor comportamiento en cuanto a afiliación a la Seguridad Social desde el año 2007, en Andalucía somos el ejemplo de la mala gestión?. ¿De quien es la culpa de tantos millones de euros desaparecidos en políticas de empleo en Andalucía, y de tantos imputados políticos de la Junta por la desviación de dinero publico en materia de empleo?. En lugar de asumir sus responsabilidades se dedican a pedir al Gobierno de España un Plan Especial de Empleo, reconociendo así su propia incapacidad para gestionar sus competencias. Y además, la preocupación del gobierno de la Junta de Andalucía, no debe ser mantener que la culpa es del otro, sino afrontar, ejecutar y asumir sus competencias ejecutivas en materia de políticas activas de empleo, que favorezcan la mayor inserción laboral de los desempleados. En vez de mantener que la culpa es del otro, deberían de proceder al abono de las deudas contraídas en Grupos de Desarrollo Rural, Escuelas Taller, Talleres de Empleo, Casas de Oficios, Unidades de Promoción y Desarrollo, que están siendo sufragadas por los Ayuntamientos y Diputaciones, en un ejercicio de responsabilidad y honestidad sin ser los competentes para ello.