De reojo

José María Reuqena

Todos los culpables

EN este país todos somos inocentes, solo hasta que nos investigan. No conozco a nadie que, bien inspeccionado, siga siendo inocente. Algunos tendrán atenuantes y otros eximente técni-ca o indulgencias. Pero insisto, todos, sin excepción, incumplimos en algún momento alguna suerte de ley, reglamento o decreto de la jungla legal que entreteje la convivencia social.

Y el problema va en aumento, con la secular y hoy renovada tentación política de suplir la inoperancia ¿no importa si es por falta de medios o por pereza? de la gobernación a golpe de Código Penal, que se traduce en el alarmante fenómeno de ver penalizadas multitud de conductas a través de un mecanismo de gran inseguridad jurídica, como la llamada norma penal en blanco, que se rellena con infracciones administrativas.

Así, en unos años, se han tipificado como delitos irregularidades al conducir, beber o no pagar la seguridad social, que antes solo merecían un reproche ético o burocrático. Y vamos a más.

El urbanismo, cuya evolución histórica ha respondido a demandas sociales de un derecho básico de los ciudadanos, como la vivienda, al que la Administración no solo no daba respuesta sino que iba a remolque de los crecimientos de hecho, es el último ejemplo de la criminalización para suplir la ineficacia de los poderes públicos.

Asombra ver que el control de las infracciones urbanísticas en el levante almeriense, se encomienda a Policías y Jueces penales. Por lo mismo que un médico estomatólogo no es el idó-neo para tratar un proceso oncológico, entiendo que ni la Guardia Civil, es un cuerpo pensado e instruido para los complejos matices del derecho urbanístico, ni los mimbres del código y la jurisdicción penal pueden soportar las carencias, cuando no la mera inepcia, de una Adminis-tración que va desde principios de los años 80, dando bandazos legislativos para venir a publicar leyes de ordenación territorial cuando apenas queda territorio que ordenar, porque la actividad privada fue por delante, como siempre.

De ello derivan situaciones propias de una estructura estatal bananera como las que vemos estos días. No entro en las acusaciones de cohechos o prevaricaciones. Pero las referidas a supuestos delitos urbanísticos, en un pueblo sí y en otros no, o sobre suelo que ninguna protección especial merecen, y en casos que la Administración durante años, pudiendo hacerlo, no impidió, preocupan.

Si nuestras empresas privadas, se hubieran mantenido trabadas a los rigores burocráticos, bas-ta mirar alrededor, hoy tendríamos el nivel de vida de los países del este.

MÁS ARTÍCULOS DE OPINIÓN Ir a la sección Opinión »

Comentar

0 Comentarios

    Más comentarios