Entre todo el embrollo que han fabricado los separatistas catalanes que aspiran a marcar fronteras en España, unos para acabar con el régimen del 78 y otros para echar tierra encima del 3%, algunos falsos postulados han calado en gran parte de la opinión y es preciso puntualizar para que no nos lleven a engaño. Me refiero en primer lugar a ese aforismo del derecho a decidir, repetido hasta la saciedad para darle veracidad, y que muchos han defendido otorgándole legitimidad sin que en nuestro ordenamiento jurídico haya una ley que lo legitime. Eso del derecho a decidir sin determinar el objeto de la decisión es una entelequia sin fundamento. ¿Cualquiera tiene derecho a decidir lo que le plazca? Se podrá decidir sobre aquello que la ley permita que se decida, en virtud de lo cual uno podrá decidir sembrar trigo en su propiedad y verlo florecer sin problemas, pero si decide sembrar en terrenos del vecino no le será tan fácil. Ya sé que esto que digo es una perogrullada y eso se debe a que sobre el derecho de propiedad no tenemos ninguna duda. La duda surge cuando el derecho a decidir lo aplicamos a objetivos sobre los que no tenemos un conocimiento tan claro. Con respecto al derecho a decidir que se ha convertido en una premisa cacareada en tediosas tertulias, encierra la potestad de los catalanes para decidir sobre el futuro de Cataluña, lo cual es otro falso postulado que nos quieren vender sin base legal alguna. Si nos remitimos a la legalidad vigente, la unidad de España está reconocida en la Constitución del 78 aprobada en referendo por la mayoría de los españoles, catalanes incluidos, y para su modificación es preciso la convocatoria de un referendo en los mismos términos. Pero no sólo en el ámbito constitucional, o político a gran escala, es inviable la separación de Cataluña porque así lo decidan una parte de los que allí residen, sino que a nivel particular todos y cada uno de los españoles tenemos derechos en la comunidad del Estado que debemos defender sin cortapisas. Marcar fronteras en Tarragona, por ejemplo, supondría pasaporte para bañarse en Cadaqués, o pasar aduanas a los proveedores que transportan mercancías a Europa. Las leyes civiles hoy nos dan derecho a empadronarnos en cualquier parte del territorio español, el mismo derecho que hace algunos años permitió a los padres de Rufián empadronarse en Cataluña y que ahora el Ilustre diputado en las Cortes de España, quiere suprimir. ¿No te fastidia?